Luego de algo más de 30 días de proceso, la Legislatura de Misiones destituyó el pasado fin de semana a la ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Marta Susana Catella,
por incumplimiento de deberes y prevaricato. En tanto, este lunes comenzó en el mismo ámbito el análisis para el juzgamiento del presidente de la Corte de Misiones, Jorge Rojas. El
complejo panorama se completa con otros cuatro funcionarios misioneros sentados en el
banquillo de los acusados por denuncias del gobierno provincial. Ellos son el fiscal de estado Lloyd Jorge Wickstrom, los jueces Julio Ifrán y Horacio Alarcón, además de la fiscal Liliana Picazo.
La destitución de Catella, adoptada por la Sala Juzgadora de la Cámara de Representantes, compuesta por mayoría de legisladores oficialistas, tuvo como ejes los cargos por convalidación de proceso fraudulento, abdicación del control constitucional y emisión de sentencias contradictorias.
La acusación se basó en la intervención de Catella en el proceso de destitución y posterior restitución del intendente de la localidad de San Vicente, Luis Benítez, quien presentó un recurso en el Superior Tribunal. Catella había votado a favor de la destitución, pero ante una nueva presentación volvió sobre sus pasos y dio curso al planteo extraordinario, revirtiendo su postura anterior.
La Sala, compuesta por 17 legisladores, con ausencia de uno de sus integrantes, votó 15 a 1 por la remoción en la sesión que se realizó el sábado pasado.
Una vez destituida del cargo,
que ejerció por casi una década, Catella sostuvo que su remoción "significará una presión para los jueces que no piensen igual que el oficialismo".
"Cualquier fallo en contra del gobierno significará un juicio político a algún magistrado”, agregó.
La ex magistrada anticipó, no obstante, que
recurrirá en casación al Superior Tribunal de Justicia para que resuelva la apelación y después a la Corte Suprema, sin descartar la opción de las cortes internacionales.
Con la destitución de Catella queda ratificado un
serio conflicto entre el gobierno que encabeza Carlos Rovira y la Justicia provincial, que afecta principalmente la independencia de ésta última. A los casos mencionados, se le suman, por denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento, el del fiscal de estado Lloyd Jorge Wickstrom (que denunció al propio Rovira), los de los jueces Julio Ifrán y Horacio Alarcón, además del caso de la fiscal Liliana Picazo.
Los magistrados, al igual que Catella,
recibieron el respaldo de diversas ONG vinculadas a la Justicia como INECIP, FARN, CELS y ADC y de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores (JUFEJUS).
dju / dju
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