En un principio estuvo previsto una entrevista a las 12 del mediodía en el Senado, donde los ministros tenían que exponer ante los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo el 31 de marzo pasado para ratificar el Tratado de Roma.
La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal permanente que tendrá competencia sobre delitos imprescriptibles, como genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra entre otros.
La CPI, será complementaria de las jurisdicciones nacionales y tendrá competencia cuando los sistemas judiciales de los países no actúan contra esos delitos, ya sea de una voluntad genuina o por incapacidad de sus sistemas de administración de justicia. Estará compuesta por una presidencia, una sección de apelaciones, una de primera instancia y una sección de cuestiones preliminares. Tendrá una Fiscalía y una Secretaría y su sede se establecerá en La Haya.
La adhesión de la Argentina al Tratado de Roma requiere, para su ratificación definitiva, la aprobación de ambas cámaras del Congreso Nacional.
Por su parte Estados Unidos, (los que apoyan la Corte Penal Internacional) esperaba con ansiedad que esto ocurriera en Argentina, dado que es uno de los países que aún no ha ratificado . En su interés porque 60 países ratifiquen el Tratado de Roma para la conformación del Tribunal Criminal Internacional, enviaron una carta al senador Eduardo Menem, instruyendo la necesidad de aprobar el proyecto. Ahora Estados Unidos deberá comenzar la cuenta regresiva, hasta que funcionarios y senadores coordinen encontrarse de nuevo.
La CPI fue creada el 17 de julio de 1998, cuando se aprobó en Roma el estatuto para una Corte Penal Internacional permanente. Argentina suscribió el estatuto en enero de 1999 y participó activamente para su implementación definitiva.