El Dr. Kiper consideró que “tal medida”, se refiere a la reducción de las remuneraciones de los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación, “es desacertada e inaplicable en el ámbito del Poder Judicial. En primer lugar, se encuentra vigente la ley de autarquía, que le confiere a la Corte Suprema la fijación de los sueldos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. En su momento, la sanción de la referida ley constituyó un importante avance con miras a asegurar la independencia de uno de los tres Poderes del Estado, pues difícilmente un Poder pueda ser independiente sino se le asegura su independencia económica.”
Además, en opinión del consejero “ cabe advertir que el propósito del denominado “reajuste” tampoco se adecua a la realidad del Poder Judicial. Es público y notorio que se dispuso la reducción de los salarios para evitar la cesantía de una importante cantidad de empleados públicos. Sin embargo, muy distinta es la situación en la justicia, donde no sobran sino que faltan recursos humanos, los empleados suelen trabajar fuera del horario judicial, y una enorme cantidad de meritorios trabaja en forma gratuita, sin ninguna remuneración. Más aún, este Consejo de la Magistratura hace ya un año que solicitó el incremento de las partidas presupuestarias con el objeto de atender -entre otras necesidades- al reescalafonamiento del personal del Poder Judicial y el consiguiente aumento de las remuneraciones.”
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