Así lo hicieron saber mediante un enérgico comunicado en el que sostienen que los recortes impuestos a los trabajadores estatales "además de inconstitucionales y violatorios del principio de irrenunciabilidad e intangibilidad del salario, constituyen una decisión en extremo inequitativa", a la vez que alertaron acerca de la reducción del consumo interno, "lo que profundizará la recesión que viene afectando a nuestra economía desde hace casi dos años".
"Estas medidas que lucen inexplicables desde el sentido común, y solamente pueden entenderse desde la lógica irracional impuesta por la decisión de los sectores economicistas de someterse a las presiones del FMI y cumplir el reiterado rito de generar shocks de confianza en los insaciables inversores externos".
Además, los profesionales alertaron que "todos estos anuncios de un nuevo y cada vez más injusto ajuste, se realiza, contrariando ostensibles mandatos constitucionales, cortando el hilo por lo más delgado, es decir, aquellos a quienes el mismo Estado debiera proteger, a las clases desprotegidas, los trabajadores, cuando otras decisiones que en verdad definen en el meneado rojo de las cuentas públicas permanecen inalterables".
Asimismo, cuestionaron la rescisión de los contratos de la administración pública, "que configuran encubiertas cesantías masivas".
Por su parte, los trabajadores judiciales nucleados en la Unión de Empleados de Justicia de la Nación ratificaron el "estado de alerta y movilización", tras conocerse los alcances del recorte que afectará a los empleados judiciales, y que oscilan entre el 12 y el 15 por ciento. En los distintos juzgados de esta capital, los empleados participaron de asambleas informativas, mientras se analizaba la posibilidad de un paro general.