Petracchi anticipó que los integrantes del máximo Tribunal podrían volver a reunirse "mañana o el lunes" para continuar con las deliberaciones, mientras que otras fuentes precisaron que la reanudación del acuerdo se llevará a cabo mañana, a partir de las 9 horas. La cuestión que tienen en estudio es la constitucionalidad del decreto 290/95 firmado el 27 de febrero de 1995 por Menem a instancias del entonces ministro de economía Domingo Felipe Cavallo que fue acompañado por el resto de los ministros del Poder Ejecutivo y ratificado por una ley del Congreso.
Mediante esa norma se dispuso un recorte en los haberes de los empleados públicos, lo que generó que se iniciaran unos 400 jucios que fueron unificados en un solo expediente por el máximo Tribunal. El dictamen favorable saldría con el voto de los jueces Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´ Connor, Antonio Boggiano, Augusto Belluscio, Guillermo López y Adolfo Vazquez y con voto concurrente en el mismo sentido pero con diferencias de apreciación se pronunciarían Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Gustavo Bossert.
Respecto de esas causas el lunes último el Procurador General Nicolás Becerra, consideró que la reducción de salarios "es una medida constitucional, la única limitación es la que surge de la Constitución respecto de la intangibilidad de los sueldos de jueces y fiscales".
Los observadores analizan la importancia de la resolución de esos casos, habida cuenta que el Máximo Tribunal marcaría un precedente que podría aplicarse si el ajuste dispuesto por la actual conducción económica genera planteos judiciales futuros. La rebaja salarial dispuesta en aquél entonces abarcó un diverso espectro y afectó con distintos porcentajes de retención a los trabajadores estatales, los bancos oficiales y las universidades, entre otros.
La Corte diría mañana que el decreto 290/95 solo es aplicable al ámbito de la administración pública central y no puede ser contemplado para los empleados legislativos y judiciales. Solo a partir de la sanción de la ley de presupuesto de ese año tendría vigencia para los dos primeros poderes porque la misma Corte la rechazó para el Poder Judicial. Precisamente esa es la esperanza de los empleados y funcionarios de la Justicia para que tampoco en esta oportunidad se apliquen el nuevo recorte salarial decretado por el presidente Fernando de la Rua.
Es más, sobre esa medida la Corte no se pronunciará porque no existe una causa judicial concreta y el máximo tribunal como los cuerpos inferiores no se pronuncian en abstracto. Sí, la medida, en el caso que llegue a la Corte despues del debido proceso judicial, podría ser comparado con este decreto de Menem y por analogía ser rechazado. Pero tampoco ello implica una seguridad total en este sentido porque la misma Corte ha tenido fallos diferentes en causas parecidas con el transcurso del tiempo y de acuerdo a los marcos políticos que se presentaban en el momento de la sanción, como ocurrió en el caso de las Armas.
El acuerdo de esta mañana debía haberse realizado anteayer (los martes son los días de acuerdo ordinario) y fue postergado a raíz de la momentánea ausencia del país del ministro Augusto César Belluscio, quien regresó esta mañana desde el exterior. También fue adelantado el Acuerdo del próximo lunes por otro viaje al extranjero del vicepresidente, Moliné O´Connor.
Pese al marcado hermetismo que existe en el cuarto piso del Palacio de Tribunales -donde tiene su sede la Corte Suprema- algunas fuentes no descartaron que también se aborde el tema de la "invitación" que el Poder Ejecutivo cursó al Magno Tribunal para aplicar en el seno de la justicia el recorte de salario. Respecto de esa propuesta al Poder Judicial, anteayer la Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura y la Asociación de Magistrados se expresaron en contra de esa postura insistiendo en la intangibilidad de los haberes prevista en la Constitución Nacional.
En 1995 la Corte -sin entrar a analizar la constitucionalidad, o no del decreto 290- emitió una acordada (número 7 del 15 de marzo) en la que afirmó que "es un deber de todos los habitantes contribuir en las medidas de sus fuerzas al restablecimiento del equilibrio de las rentas con los gastos públicos", remitiéndose a un texto del año 1931. Por ello y "con alcance transitorio y excepcional" los ministros de la Corte Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Carlos Fayt, Antonio Boggiano y Ricardo Levene dispusieron "voluntariamente una quita de sus compensaciones" e invitaron a los integrantes del Poder Judicial a "adoptar un temperamento semejante".