Juraron los jueces y secretarios de Ejecuciones Fiscales Tributarias

Ante una Sala de Audiencias repleta (prácticamente no había un solo lugar), juraron este lunes, en la planta baja del Palacio de Tribunales, los nuevos jueces y secretarios de Ejecuciones Fiscales Tributarias. La ceremonia estuvo presidida por el presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Luis Otero, que dedicó varios párrafos de su discurso inaugural para criticar la demora en el proceso de conformación de los juzgados.

En la primera parte de la ceremonia, que comenzó cerca de las 11, tal como estaba previsto, prestaron juramento los seis jueces del fuero. Ellos son: Carlos María Folco, Carlos Alejandro Faggi, Rita de la Ascensión Garese, Guillermo Mario Galli, Elías Alfredo Tapia y Fernando Gustavo Sanz de Urquiza. Luego les llegó el turno a los siete secretarios designados, tal como lo dispuso la Corte Suprema en su Acordada Nº 3 del pasado 20 de febrero.

La ceremonia contó con la presencia de varios de los integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, tribunal de alzada de los juzgados; la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton; la secretaria de Justicia, Marcela Losardo; el titular de la AFIP, Alberto Abad, y el presidente del Colegio Público de Abogados, Lucio Ibáñez. También participaron los consejeros Eduardo Orio, Victoria Pérez Tognola, Joaquín Da Rocha y Luis Pereira Duarte.

Los nuevos juzgados, que tienen jurisdicción territorial en la Capital Federal, funcionarán “provisoriamente” en un local ubicado en Defensa 135, de esta capital, que fue alquilado por el Poder Judicial pero que pertenece a la AFIP. En 18 meses, serán trasladados a las oficinas de Paraguay al 900, que están en plena refacción.

Los seis juzgados fueron creados hace casi seis años, más precisamente el 26 de agosto de 2000, durante la presidencia de Fernando De la Rúa. De hecho, el proyecto original fue uno de los primeros que envió al Congreso el gobierno de la Alianza como parte del “paquete de Emergencia Fiscal”. La aprobación definitiva por parte del Congreso había llegado el 13 de julio de ese mismo año.

En su discurso inaugural, el presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Luis Otero, recordó que hubo que pasar “un largo y trabajoso camino” para poner en marcha los nuevos juzgados, creados por la Ley 25.293, pidió que esa situación no se vuelva a repetir, aunque agradeció a todos los funcionarios que prestaron su colaboración para poner en marcha los juzgados.

Respecto al edificio de Paraguay 923, destino final de los mismos, explicó que “se hallaba cerrado, en un total estado de abandono” pero destacó la recuperación del mismo por parte del Poder Judicial y los trabajos que allí se van a realizar.

Debido al tiempo que se necesitaba para poner en condiciones ese edificio, se recurrió provisoriamente a un inmueble ubicado en Defensa 135. “Se llevaron a cabo múltiples gestiones en el ONABE, Banco de la Nación Argentina y otras reparticiones, hasta que finalmente logramos con la AFIP concretar la entrega en comodato de un inmueble en la calle Defensa 135, en compensación por el uso del fisco de una propiedad del Poder Judicial, donde van a funcionar en los próximos 18 meses”, explicó Otero.

“Todo este engorroso proceso reseñado -continuó- debería servir como experiencia, para que en el futuro cuando en nuestro país y fundamentalmente en el sector político, tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo, se estime necesario crear estructuras judiciales, en primer término recaben la opinión vinculante de nuestra Corte Suprema de Justicia y del consejo de la magistratura y que en lo posible se prevea con la debida antelación la infraestructura necesaria”.

Por otra parte, Otero sostuvo que el mapa judicial “debería ser ratificado legislativamente, pues ello pondría un valladar muy importante a esas iniciativas políticas locales y/o de funcionarios que impulsan proyectos de creación de infraestructuras judiciales con una finalidad política-electoral, que no son necesarias jurisdiccionalmente, y que luego deberán ser sostenidas presupuestariamente, afectando a todos aquellos tribunales que por su recargada labor jurisdiccional no pueden acceder a nuevos recursos económicos para su ampliación y otras mejoras tecnológicas y de recursos humanos imprescindibles para una mas eficaz administración de justicia”.



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