Dada la importancia de dicha posición, y que esta fuera reservada por la argentina con su fallido Nahuel-Sat, que no pudo alcanzar el objetivo de la licitación, por lo que a punto de vencerse el plazo, se debió solicitar una prórroga hasta el 2007, en la cual, de ser creada Ar-Sat, inicialmente, será ocupada por un satélite alquilado, pero con posterioridad la posición será ocupada por un satelite argentino. El nuevo aparato será construido por el INVAP y su puesta en funcionamiento insumirá cuatro años aproximadamente.
La nombrada posición orbital es codiciada por otros países, entre ellos el Reino Unido; por lo que la no ocupación al momento de vencerse la prórroga tendría como consecuencia la pérdida del derecho a ocuparlo.
El proyecto aprobado por la mayoría de la Comisión de Comunicaciones e Informática, resalta las ventajas de que nuestro país incursione en el empréstito satelital. Así, su creador, el diputado Nemirovsci –del oficialismo-, consideró un orgullo nacional que nuestro país, considerado como subdesarrollado, tenga la posibilidad de hacer frente a tan moderno proyecto, colocándola en un nivel de excelencia mundial.
También, agregó que uno de los objetivos es conservar y desarrollar el conocimiento para la construcción y el uso de satélites, lo que tendrá como consecuencia un importante avance tecnológico.
Aseguró el diputado, que existen informes de distintas fuentes estatales –entre ellas el Ejército Argentino-, que afirman que el INVAP está en condiciones de construir el satélite que nos dará un lugar en el espacio.
El proyecto tuvo oposición tanto en la Comisión como en el recinto en la Cámara de Diputados. El dictamen de la minoría, sostenido por el diputado Godoy –del bloque Concertación Entrerriana- pone de resalto ciertas falencias que el proyecto original tendría.
En primer lugar la tipificación societaria: la elección de Sociedad Anónima, no se mostraría como adecuada para el proyecto que intenta realizarse, ya que al no estar vigentes desde 1995 los artículos 313 y 314 de la Ley de Sociedades –19.550 – queda completamente desnaturalizada dicha figura.
El artículo 313, derogado por la Ley 24.522, establecía que toda enajenación de acciones que provoque la pérdida de la situación mayoritaria del Estado Nacional –entre otros- en la sociedad, debe ser autorizada por ley.
El artículo 314, también derogado por la misma norma, imposibilitaba la declaración en quiebra de la sociedad, debiendo en todo caso practicarse la liquidación por la autoridad administrativo que el Estado designe.
Al no tener vigencia los artículos citados, resulta factible la pérdida de la mayoría estatal y, por ende, la subversión de los objetivos propendidos en el proyecto en votación.
Cabe decir, que este mismo problema jurídico es el que atraviesa A.y S.A., en su formulación jurídica; debiendo el ejecutivo a través de un nuevo decreto establecer la imposibilidad de enajenar las acciones estatales.
El diputado Godoy, sumó así un segundo problema: el Estado aportará 17 millones de dólares, cuando el proyecto tiene un coste aproximado de 200 millones. Por ello, es muy probable que la mayoría del capital sea integrado por sociedades y personas físicas extrajeras, perdiendo todo sentido el proyecto, ya que las ganancias obtenidas por los réditos económicos del proyecto y la iniciativa estatal no enriquecerá a nuestro país, sino a otros países que, de esta manera, obtendrían una más barata vía de adueñarse del sector orbital pretendido.
Cabe señalar también que entre los que se opusieron totalmente al proyecto figuran los diputados Paula Bertol –P.R.O.- y Elisa Carrio –A.R.I.-, entre otros.
Así, la conquista espacial por parte de nuestro país puede verse de dos ópticas diferentes: como un proyecto de posible realización que propulsará a nuestra tecnología a un nivel de alta importancia internacional; o como un cuento de Julio Verne, escritor citado por el propio autor del proyecto Ar-Sat.