El martes 23 de mayo fueron citados a la Comisión de Acusación en calidad de testigos, -según el artículo séptimo del reglamento de la Comisión- empleados del juzgado del magistrado, en este caso dos secretarias, Sandra Patricia Rey y Claudia Usmanich de Cura, quienes habrían declarado a favor del juez. Pero el testimonio clave y que comprometió a Torres, fue el del fiscal Roberto Enrique Céliz quien argumentó que el magistrado “ordenó un allanamiento en marzo y lo decretó recién en agosto”, también –sostuvo el fiscal- “en otras causas que fueron prescriptas surgieron medidas que nunca fueron ordenadas”.
“En noviembre y diciembre solicité allanamientos que fueron realizados en abril de este año. Si íbamos nos iban a esperar con una botella de champaña y dándonos la bienvenida”, disparó el fiscal en su declaración.
Por otra parte se analizó en la reunión plenaria del martes pasado un proyecto del diputado y consejero Pablo Fernández, que propone citar a los magistrados de la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal que fallaron a favor de los “skinhead”, aquellos que hacían discriminaciones raciales. Los consejeros Miguel Angel Pichetto, María Lelia Chaya y el senador Augusto Alasino, rachazaron la iniciativa de Fernández por entender que tal denuncia deberá ser desestimada dado que los jueces actuaron dentro de las atribuciones legales conferidas a los recursos de casación, según la doctrina imperante y la jurisprudencia de la Corte Suprema.
También se puso en estudio la causa del juez federal nacional en lo civil y comercial Edmundo Carbone, quien prohibió que se emitiera por un canal la película “La Ultima tentación de Cristo”, sin haberla visto. Sobre este tema pueden suceder dos cosas: o bien que el Consejo mediante un escrito declare su preocupación por el caso de “censura previa” o que la Comisión de Acusación envíe –en el cónclave del martes que viene- el expediente a Disciplina para que se le aplique una sanción.