28 de Junio de 2024
Edición 6995 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 01/07/2024

La Justicia al diván

Una diputada nacional presentó un proyecto que propone la realización de exámenes psicológicos y psiquiátricos cada dos años a partir del ingreso al cargo, para jueces, fiscales y defensores. Los realizaría el Cuerpo Médico Forense. Actualmente, sólo los candidatos a jueces deben realizar un estudio similar durante el proceso de selección.

 
Un proyecto de ley que comenzó a ser debatido esta semana por los asesores de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados promete despertar una nueva polémica en el ámbito de la Justicia. La iniciativa –presentada por la diputada Mirta Pérez, del bloque Peronismo Federal- propone que todos los jueces, fiscales y defensores oficiales del país se sometan a exámenes psicológicos y psiquiátricos cada dos años. Hasta el momento, sólo los aspirantes a jueces deben pasar por una instancia similar cuando participan de un concurso en el ámbito del Consejo de la Magistratura.

El proyecto de la diputada Pérez propone que los exámenes sean realizados por el Cuerpo Médico Forense cada dos años a partir del ingreso al cargo. Además, aclara que el objetivo principal de los mismos es determinar “la idoneidad y capacidad psíquica” de los funcionarios.

Los exámenes psicológicos, que se complementarán con una evaluación psiquiátrica, deberán comprender “entrevistas psicológicas (libres y pautadas), como así también testificaciones con Test que permitan evaluar conductas disfuncionales”. “Se administrarán escalas neurocognitivas, para descartar cualquier alteración neurológica incipiente o deterioro orgánico mínimo”, explica el artículo 4 de la iniciativa.

Cuando los exámenes no arrojen los resultados esperados, se deberá elevar un informe al Consejo de la Magistratura, quien dispondrá, según las características del caso, de tres alternativas: apartamiento transitorio o permanente de la función sin que haya afectación de su situación socioeconómica; tratamiento oportuno de la patología, o readecuación de funciones acorde con sus capacidades conservadas, sin afectación de su situación socio económica, para los casos de patologías irreversibles o de recuperación parcial después del tratamiento.

Entre los fundamentos del proyecto, se asegura que “las instituciones son una abstracción, una entelequia” y que su suerte “dependerá de la calidad y las cualidades de las personas que las integren”. “Un sistema judicial enfermo parte de premisas equivocadas y arriba a conclusiones poco felices. De la misma manera, si el Juez o Magistrado que imparte justicia posee un juicio desviado, una psiquis enferma, el resultado de su accionar se verá afectado por su disfunción”, se puede leer en el texto de la iniciativa.

Actualmente, tras la aprobación de un proyecto presentado por el consejero Joaquín Da Rocha, los exámenes psico-físicos están presentes sólo en el proceso de selección de los jueces, sin afectar a los integrantes del Ministerio Público. De hecho, el Consejo de la Magistratura ya tomó decisiones importantes en base a los resultados obtenidos, aunque los exámenes no excluyen a un candidato: queda a criterio de cada consejero, en cada caso. El caso más reconocido y polémico fue el de Domingo Montanaro, que calificó como “no apto” en un concurso para la Cámara Federal de La Plata.

Sin embargo, como resalta el proyecto, no está previsto a posteriori del proceso de selección, ningún tipo de examen o control periódico que permita certificar que las condiciones que exhibía al comienzo se mantengan.



dju / dju
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