El informe fue presentado por el defensor oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles, Sergio Paduczak. Allí destaca que “ciertas medidas fueron cumplimentadas en término” pero advierte que “la situación que originalmente se hallara en la unidad de mención (de Devoto) y lo hasta el momento solucionado, dista bastante de cumplimentar el propósito” del hábeas corpus.
Entre las tareas que se realizaron se encuentran la instalación de sanitarios para discapacitados, la remodelación completa del Centro de Recuperación para enfermos de SIDA (CRESIDA) y la remodelación de la planta 3 entrepiso 9 y el pabellón 12 de la cárcel. Pero otras, que hacían al espíritu del hábeas corpus de mejorar las condiciones de seguridad de los presos, no se cumplieron: más agentes del Servicio Penitenciario, el traslado de familiares para visitar a los presos alojados en el interior del país, un plan edilicio para las plantas 1,2 y 3 de la cárcel y “la gravísima situación de alojamiento y asistencia de las personas detenidas en el Hospital Penitenciario Central” (lo que se informa más adelante), subraya el informe.
Esas medidas fueron ordenadas por la juez Mirta López González, titular del Juzgado Criminal de Instrucción Nº 25 (actualmente subrogado por la magistrada Susana Parada) el 18 de abril de 2005 al hacer lugar a un hábeas corpus colectivo y correctivo presentado por Paduczak y el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, “a favor de la totalidad de los internos” de la cárcel a raíz de las pésimas condiciones de detención y la superpoblación existente en la Unidad N° 2 del Servicio Penitenciario Federal.
La juez López González le ordenó al Ministerio de Justicia tomar medidas a corto, mediado y largo plazo a partir de un plan presentado por la cartera judicial, en ese momento bajo la titularidad del ex ministro Horacio Rosatti y actualmente de Alberto Iribarne.
Uno de los puntos de la resolución hacía referencia a la superpoblación. En abril del año pasado había alojadas en Devoto 2342 personas. Luego del hábeas la cantidad se redujo a 2094, a partir del traslado de internos a unidades del interior del país que se ordenó realizar. Pero la semana pasada la cárcel registraba 2162 presos cuando su capacidad es para 1694. “Eso denota que a un año de expuesto el problema, el número originario constatado a abril de 2005 sólo se ha visto reducido en un 10%”, indica el informe de la Comisión de Cárceles.
Otro de las medidas que no se efectuaron fue la refacción de las plantas 1,2 y 3 de la cárcel. El actual subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Federico Ramos, le informó a la juez subrogante Parada, a través de la nota 248 del 23 de marzo pasado, que “en lo que se refiere a las Plantas 1 a 3 (....) al no poder incluirse en el proyecto definitivo de presupuesto correspondiente al ejercicio 2006 los recursos necesarios, no pudo avanzarse en el respectivo llamado a licitación”.
También hasta el momento no se instrumentó el traslado de los familiares de los presos en el interior del país para paliar el desarraigo. Según respondió el Ministerio el proyecto “se encuentra actualmente en análisis en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social”.
Según el informe de la Comisión de Cárceles, tampoco se cumplieron otras medidas: la remodelación de los patios internos de la cárcel, el dictado de un decreto de necesidad y urgencia para ampliar el personal del Servicio Penitenciario Federal y la construcción de nuevas cárceles.
Además, algunas de las medidas realizadas volvieron a un estado de deterioro. Si bien se retiro la basura que se acumulaba (una montaña de dos metros) en los patios internos del panel el informe dice que en febrero de este año los desperdicios se volvieron a aparecer como consecuencia del retiro de los contendedores que habían sido entregados.
El estado de cumplimiento de cada medida ordenada por la Justicia fueron monitoreadas a lo largo del año por la Comisión de Cárceles de la Defensoría y por la juez a través de visitas periódicas que realizaron a Devoto.
Una visita al Hospital de la muerte
Una de esas visitas a Devoto se produjo el 28 de marzo pasado cuando la juez Parada y Paduczak recorrieron el Hospital Penitenciario. Según el acta firmada por la magistrada, de las 56 personas que se encontraban internadas, seis con HIV dormían en colchones en el piso. En la Sala V del Hospital “se verifica gran cantidad de cucarachas” (uno de los internos dijo que se había fumigado hace un mes), lo mismo que en la Sala III y en la de radiología donde había “cucarachas y ratas”, según uno de los empleados que señaló que en las salas “no hay ventilación”.
El mismo empleado afirmó que “las fumigaciones son irregulares, a veces se hacen una vez por mes, y otras puede pasar un período de seis meses sin que se practiquen”. También en la sala de radiología hay un “agujero en el suelo, que según el personal a cargo fue consecuencia de una explosión provocada por una fuga de gas”, relata el acta.
Qué se hizo
A pesar de estos incumplimientos, el informe de la Comisión de Cárceles destaca que se lograron avances en las condiciones de detención de los presos que ayudó a mejorar la convivencia. Destaca la instalación de sanitarios para discapacitados, la remodelación de CRESIDA en los plazos dispuestos y las modificaciones en la planta 3 entrepiso 9 y pabellón 12 “en los cuales con trabajos de los internos y personal acorde se consiguió proveer de un sector de cocina amplio y en perfectas condiciones de habitación y utilización”.
Sin embargo, el informe destaca que en la visita de febrero CRESIDA “presentaba gran suciedad” y en la planta 3 entrepiso 9 y pabellón 12 “se registró la falta de agua caliente y depósitos de sanitarios tapados”.
El informe de la Comisión de Cárceles fue presentado el pasado jueves en el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 25 “atento los incumplimientos en evidencia y los proyectos que no alcanzan a mitigar las gravísimas condiciones en la que se encuentran las personas detenidas” para que le pida al Ministerio de Justicia que informe en qué plazos cubrirá las medidas pendientes.
Algunas de las pésimas condiciones de detención que sufren los presos de Devoto pudieron ser menguadas luego de una acción judicial. El hábeas corpus refleja que las autoridades nacionales reaccionan a medias tintas y sólo cuando es una obligación a cumplir. Pero Devoto no es una isla de la humillación humana. Después del hábeas se descubrió que en Jujuy unas mujeres estaban detenidas en un camión y el 15 de octubre de 2005 33 presos murieron en el penal bonaerense de Magdalena luego del incendio en uno de sus pabellones.