El apoyo lo brindó la Mesa Directiva de la FACA el pasado 20 de abril a través de una resolución en la que manifestó que “los fundamentos invocados para el requerimiento (del juicio político) aparecen suficientemente fundados, en especial en lo inherente a la Superintendencia y Administración de Justicia por parte de dicho órgano judicial”. La FACA nuclea a 79 colegios de abogados de todo el país.
Además, la FACA resaltó que la “abogacía organizada ha sostenido que la administración y servicio de Justicia es función y cometido esencial del Estado, constituyendo ello una forma de garantizar la forma republicana de gobierno y del Estado de Derecho”.
El pedido de juicio político fue aprobado en una asamblea extraordinaria del Foro de Abogados de San Juan el 15 de febrero pasado y presentado en la Cámara de Diputados provincial a principios de abril. Actualmente las acusaciones están siendo investigadas por la Sala Acusadora de la cámara, según le explicó a Diariojudicial.com el presidente del Foro, Alberto Bustos, quien agregó que hay otros dos pedidos de juicio político presentado por particulares.
Los cinco ministros de la Corte Suprema son: José Soria Vega, Juan Carlos Caballero Vidal, Carlos Balaguer, Ángel Medina Pala y Adolfo Caballero.
“Pedidos el juicio político de la Corte Suprema por morosidad, desorganización administrativa, el descuido de los edificios y por irregularidades en los sumarios administrativos”, señaló Bustos en dialogo telefónico haciendo un racconto de los puntos centrales del escrito presentado (el texto completo puede leerse en el archivo adjunto).
Otro de los temas por los que el Foro pidió el juicio político fue el caso de Luis Recio, secretario administrativo de la Corte. Una postulante a un cargo de empleada denunció que Recio le anticipo las respuestas del examen. Por este tema a Recio se le inició un sumario administrativo en el que finalmente fue absuelto.
En el escrito presentado, los abogados sanjuaninos señalan que los jueces de la Corte provocaron “el deterioro institucional que atraviesa el Poder Judicial de San Juan, y así han condenando a los empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial, a los abogados litigantes y a los ciudadanos en general, a padecer una Administración de Justicia, con altísimos niveles de morosidad, que funciona con gravísimos niveles de hacinamiento, indignidad, insalubridad, falta de higiene, falta de recursos, irregularidades en la provisión de recursos humanos, etc.”