“A partir del 1 de mayo del 2006, las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional, están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), toda la producción de hidrocarburos”, dice el artículo segundo del Decreto Supremo Nº 28701.
El anunció lo hizo Morales el día del trabajador en el yacimiento San Alberto, en manos de la brasileña Petrobras. Las empresas privadas que explotan los recursos de gas y petróleo deberán entregar al Estado su producción y YPFB “asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno, como para la exportación y la industrialización”.
Mientras que YPFB “tomará a su cargo la operación de los campos de las compañías que se nieguen a acatar o impidan el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo”, se abre un período de 180 días en el que las empresas y el Estado renegociaran nuevos contratos que “cumplan las condiciones y requisitos legales y constitucionales”. Transcurrido ese plazo “las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país”.
Además, y a la espera de los nuevos contratos, las empresas que durante el 2005 hayan superado los 100 millones de pies cúbicos diarios, deberán distribuir la producción en un 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y 32% a través de una participación adicional para YPFB) y un 18% para las compañías (que cubre costos de operación, amortización de inversiones y utilidades).
Las empresas que explotan los recursos naturales de Bolivia, segunda reserva de gas de América Latina detrás de Venezuela, son: Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobrás Bolivia Refinación S.A. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A. y sus acciones serán nacionalizadas “para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1” de ellas.
La nacionalización de los recursos naturales hidrocarburíferos había sido una de las promesas de campaña de Morales antes de ganar las elecciones y un pedido del pueblo que en el referéndum del 18 de julio de 2004 votó a favor de que el Estado recupere la propiedad de los hidrocarburos. Es la tercera vez que Bolivia nacionaliza sus recursos naturales. La primera fue en 1937 a la empresa Standar Oil Co y en 1969 a Gulf Oil.
Entre los fundamentos para nacionalizar los recursos, el decreto destaca que la Constitución Política del Estado establece que “los hidrocarburos son bienes nacionales de dominio originario, directo, inalienables e imprescriptibles del Estado, razón por la que constituyen propiedad pública inviolable”. Además, señala que la “exploración y producción de hidrocarburos se están llevando adelante mediante contratos que no han cumplido con los requisitos constitucionales” y que expiraron los 180 días que la Ley de Hidrocarburos otorgó en mayo de 2005 para suscribir nuevos contratos.
El decreto califica de “traición a la patria” la privatización de la explotación de recursos naturales y que significó “un grave daño económico al Estado”.