Aunque la decisión de desaforar al general Pinochet trascendióel pasado 23 de mayo, cuando lo aprobó la Corte, el veredictosólo fue difundido oficialmente dos semanas después. Noobstante, la defensa de Pinochet tiene cinco días de plazo paraapelar, y el desafuero deberá ser ratificado por la CorteSuprema, algo que podría concretarse a mediados de julio.El presidente chileno Ricardo Lagos declinó hacer comentarios:"El Gobierno respeta los fallos y no comenta los fallos delPoder Judicial", dijo poco de después de llegar a la ciudadde Valdivia, afectada por intentensos temporales, 740 km alsur de Santiago. "Es todo lo que tengo que decir", agregó antela insistencia de los periodistas.
"La calificación de si este fallo es histórico o no,corresponde a la gente", agregó Ballesteros, ante consultasde los periodistas, mientras en las afueras del recintoestallaban manifestaciones de júbilo entre los detractores dePinochet. La fundación de adeptos del ex dictador no convocarápor el momento a manifestaciones de adhesión al ex gobernante,anunció su dirección. "Esperaremos conocer los fundamentosdel fallo del desafuero y esperaremos hablar con los abogados"de la defensa, dijo el secretario de la organización, elgeneral retirado Luis Cortes Villa. "No queremos intranquilizara la gente más de lo que está", agregó.
La reserva de los simpatizantes del ex presidente chilenocontrastó con las inmediatas manifestaciones de alegría de losdetractores de Pinochet, varios cientos de los cualesprotagonizaron eufóricos mitines en los alrededores de la Corte de Apelaciones de Santiago."Parecía increíble, pero lologramos", dijo la presidenta de la Agrupación de Familiaresde Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, al conocer el anuncio oficial.
Para la oprganización estadounidense Human Rights Watch (HRW),el desafuero de Pinochet constituye el desmoronamiento "delmuro de impunidad" que había construido el ex dictador ydemuestra cómo ha cambiado Chile en los últimos dos años,estimó ante la AFP Reed Brody, director adjunto de laorganización. "Nos complace la decisión, que no hubiese sidoposible hace dos años", comentó Brody, y añadió que "el murode impunidad que el general Pinochet trató de imponer por lafuerza de las armas está siendo demolido por la Ley y la opinión pública".
El desafuero fue planteado a la Corte por el juez Juan GuzmánTapia, para poder interrogar a Pinochet en el marco de una delas 110 querellas interpuestas en contra del ex dicatdor queinvestiga: el caso de la "Caravana de la Muerte", una comitivamilitar que recorrió varias ciudades del país y fusiló a 74presos políticos en octubre de 1973, un mes después del golpeque instauró la dictadura militar hasta 1990.Guzmán Tapia pidió que Pinochet fuera privado de su fuerocuando regresó a Chile tras permanecer 503 días detenido enLondres, luego de que el Gobierno británico interrumpió eljuicio de extradición del ex dicatdor a España y lo liberó porrazones humanitarias, el pasado 2 de marzo. Durante el"antejuicio" por el desafuero, que se inició en la Corte el 26 de abril, los siete abogados que representaron a los familiaresde las víctimas de la caravana militar acusaron a Pinochet deordenar los fusilamientos.
El abogado Hugo Guriérrez exhibió en la tercera audiencia undocumento firmado por el ex auditor del Ejército GonzaloUrrejola Arrau, quien sostuvo que autorizó el fusilamiento deun preso político por orden de Pinochet, días antes delrecorrido de la caravana. "Esta ejecución se efectuó por ordentelefónica de Augusto Pinochet Ugarte", señaló el documento,que el abogado exhibió ante los jueces el 28 de abril.El jefe de la caravana, el general retirado Sergio Arellano,fue arrestado hace 10 meses por disposición del juez GuzmánTapia. El abogado Alfonso Insunza, que también intervino enlos alegatos por el desafuero, sostuvo que Arellano recibióórdenes directas de Pinochet para fusilar a los prisioneros, sacados de los lugares donde cumplían penas de cárcel dictadaspor los consejos de guerra.
El veredicto de la Corte se conoció cuatro días después queGuzmán Tapia interrogó el jueves pasado al ex fiscal delEjército, general retirado Fernando Torres, para determinarsi incurrió en el delito de "obstrucción a la justicia" durante las investigaciones en torno a los los crímenes de lacaravana militar.El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzónexpresó hoy su "respeto" ante la decisión de la Corte chilenade retirarle a Pinochet su inmunidad como senador vitalicio.Garzón es el juez que procesó a Pinochet y pidió a la Justiciadel Reino Unido su extradición para juzgarle en España pordelitos de tortura y conspiración para la tortura presuntamenteperpetrados durante su gobierno militar, entre 1973 y 1990.El magistrado recordó que "siempre" ha sido respetuoso con lasdecisiones adoptadas por la Justicia chilena. A este respectoindicó que, por lo tanto, sólo cabe esperar las próximasdecisiones que respecto a Pinochet puedan adoptar lasinstancias judiciales de Chile en este caso. Pinochet, queafronta en su país 110 querellas por violaciones a los derechoshumanos cometidas durante la dictadura militar que él encabezódurante 17 años, perdió hoy la citada inmunidad y quedóexpuesto a ser procesado en Chile por la responsabilidad que presuntamente tuvo en dichos abusos.