Aunque la decisión de desaforar al general Pinochet trascendió el pasado 23 de mayo, cuando lo aprobó la Corte, el veredicto sólo fue difundido oficialmente dos semanas después. No obstante, la defensa de Pinochet tiene cinco días de plazo para apelar, y el desafuero deberá ser ratificado por la Corte Suprema, algo que podría concretarse a mediados de julio. El presidente chileno Ricardo Lagos declinó hacer comentarios: "El Gobierno respeta los fallos y no comenta los fallos del Poder Judicial", dijo poco de después de llegar a la ciudad de Valdivia, afectada por intentensos temporales, 740 km al sur de Santiago. "Es todo lo que tengo que decir", agregó ante la insistencia de los periodistas.
"La calificación de si este fallo es histórico o no, corresponde a la gente", agregó Ballesteros, ante consultas de los periodistas, mientras en las afueras del recinto estallaban manifestaciones de júbilo entre los detractores de Pinochet. La fundación de adeptos del ex dictador no convocará por el momento a manifestaciones de adhesión al ex gobernante, anunció su dirección. "Esperaremos conocer los fundamentos del fallo del desafuero y esperaremos hablar con los abogados" de la defensa, dijo el secretario de la organización, el general retirado Luis Cortes Villa. "No queremos intranquilizar a la gente más de lo que está", agregó.
La reserva de los simpatizantes del ex presidente chileno contrastó con las inmediatas manifestaciones de alegría de los detractores de Pinochet, varios cientos de los cuales protagonizaron eufóricos mitines en los alrededores de la Corte de Apelaciones de Santiago."Parecía increíble, pero lo logramos", dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, al conocer el anuncio oficial.
Para la oprganización estadounidense Human Rights Watch (HRW), el desafuero de Pinochet constituye el desmoronamiento "del muro de impunidad" que había construido el ex dictador y demuestra cómo ha cambiado Chile en los últimos dos años, estimó ante la AFP Reed Brody, director adjunto de la organización. "Nos complace la decisión, que no hubiese sido posible hace dos años", comentó Brody, y añadió que "el muro de impunidad que el general Pinochet trató de imponer por la fuerza de las armas está siendo demolido por la Ley y la opinión pública".
El desafuero fue planteado a la Corte por el juez Juan Guzmán Tapia, para poder interrogar a Pinochet en el marco de una de las 110 querellas interpuestas en contra del ex dicatdor que investiga: el caso de la "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que recorrió varias ciudades del país y fusiló a 74 presos políticos en octubre de 1973, un mes después del golpe que instauró la dictadura militar hasta 1990. Guzmán Tapia pidió que Pinochet fuera privado de su fuero cuando regresó a Chile tras permanecer 503 días detenido en Londres, luego de que el Gobierno británico interrumpió el juicio de extradición del ex dicatdor a España y lo liberó por razones humanitarias, el pasado 2 de marzo. Durante el "antejuicio" por el desafuero, que se inició en la Corte el 26 de abril, los siete abogados que representaron a los familiares de las víctimas de la caravana militar acusaron a Pinochet de ordenar los fusilamientos.
El abogado Hugo Guriérrez exhibió en la tercera audiencia un documento firmado por el ex auditor del Ejército Gonzalo Urrejola Arrau, quien sostuvo que autorizó el fusilamiento de un preso político por orden de Pinochet, días antes del recorrido de la caravana. "Esta ejecución se efectuó por orden telefónica de Augusto Pinochet Ugarte", señaló el documento, que el abogado exhibió ante los jueces el 28 de abril. El jefe de la caravana, el general retirado Sergio Arellano, fue arrestado hace 10 meses por disposición del juez Guzmán Tapia. El abogado Alfonso Insunza, que también intervino en los alegatos por el desafuero, sostuvo que Arellano recibió órdenes directas de Pinochet para fusilar a los prisioneros, sacados de los lugares donde cumplían penas de cárcel dictadas por los consejos de guerra.
El veredicto de la Corte se conoció cuatro días después que Guzmán Tapia interrogó el jueves pasado al ex fiscal del Ejército, general retirado Fernando Torres, para determinar si incurrió en el delito de "obstrucción a la justicia" durante las investigaciones en torno a los los crímenes de la caravana militar. El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón expresó hoy su "respeto" ante la decisión de la Corte chilena de retirarle a Pinochet su inmunidad como senador vitalicio. Garzón es el juez que procesó a Pinochet y pidió a la Justicia del Reino Unido su extradición para juzgarle en España por delitos de tortura y conspiración para la tortura presuntamente perpetrados durante su gobierno militar, entre 1973 y 1990. El magistrado recordó que "siempre" ha sido respetuoso con las decisiones adoptadas por la Justicia chilena. A este respecto indicó que, por lo tanto, sólo cabe esperar las próximas decisiones que respecto a Pinochet puedan adoptar las instancias judiciales de Chile en este caso. Pinochet, que afronta en su país 110 querellas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar que él encabezó durante 17 años, perdió hoy la citada inmunidad y quedó expuesto a ser procesado en Chile por la responsabilidad que presuntamente tuvo en dichos abusos.