Usted ingresó al Consejo a mediados de diciembre pasado, hace casi seis meses, ¿Qué opinión tenía del cuerpo en cuanto a su funcionamiento antes de ingresar y con qué se encontró?
En realidad, me puse a mirar al cuerpo a partir de la discusión de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura. Antes de eso tenía una opinión de que trabajaba bien y nombraba jueces progresistas. Con la discusión de la ley de reforma, empecé a conocer algunos datos que me daban cuenta que se había generado un estructura sobredimensionada para la tarea real. Yo no me quiero hacer la fiscal del cuerpo, pero trabajaría de otra manera.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo con el tema de aperturas de juicios políticos a magistrados, a mi gusto las denuncias contra el mismo magistrado se trabajan en forma fragmentada y no se unifican y debería buscarse una manera para que se sumen, se analicen en conjunto. Por eso desde esta perspectiva, yo creo que la unión de las comisiones de Disciplina y Acusación es lógica. En segundo lugar, me parece que los expedientes pueden tener un trámite más ágil y que en muchos casos son viejos. Y lo son de manera que no se le garantiza al juez la independencia. Por que ningún juez es independiente llevando una causa respecto de la cual tiene una imputación en el Consejo de la Magistratura. Ahí hay principios que chocan con lo que el Consejo de la Magistratura ha venido diciendo que pretendía.
Cuando se discutía en el Congreso Nacional el proyecto de reforma al Consejo usted dijo que la oposición quería defender ciertas corporaciones. ¿A que se refería?
Es claro que el sector abogados y el sector jueces, la Justicia, las facultades de derecho y hasta el universitario, yo diría, es un sector que tiene más raigambre radical. No es un sector donde el peronismo – por decirlo de alguna manera, aunque yo no soy peronista, pero soy aliada del Frente para la Victoria – ha hecho pie históricamente ni en la Facultad de Derecho, que es más de raigambre conservadora, ni en el sector judicial que es de raigambre conservadora o radical, ni en el sector abogadil, porque el peronismo es un sector más popular y por ende ha tenido otro tipo de participación en las luchas sociales. Desde este punto de vista la oposición, que en este caso era ARI y radicalismo, es más afín a los sectores de los abogados y de los jueces, eso quería decir.
Pero puntualmente en esta ley, todos estaban en contra; tanto la oposición política como las asociaciones de abogados y de magistrados criticando.
Porque la oposición política y esos sectores son ideológicamente afines.
¿No va a tener quórum propio el Frente para la Victoria en el Consejo para poder destituir o nombrar a los jueces que les sean más afines?
Mientras se siga dando esa coyuntura donde el Ejecutivo coincide con las mayorías parlamentarias, sí va a haber una mayoría; cuando deje de coincidir no.
¿Eso no atentaría contra la independencia judicial?
No, es la representación popular expresada dentro del Consejo de la Magistratura y dentro del Poder Judicial y yendo hacia un Poder Judicial democrático y popular, donde los representantes del pueblo inciden por el pueblo en la selección y en la destitución de los jueces.
Con la reforma, ¿Los jueces deberían tener temor en el futuro?
No. El mismo temor que nosotros podemos tener de un juez que nos pueda hacer objeto de imputación en una causa. Me parece que no, que el juego de poderes democrático es sin temores. Los poderes cooperan en la conformación del Estado y pujan para tener sus independencias, pero nadie va a cometer inequidades.
Con la nueva integración de la Comisión de Acusación, se ven más pedidos de juicios políticos, ¿En qué cambió de la anterior conformación?
Yo creo que se rompió el corporativismo en el propio Consejo de la Magistratura. Fueron reemplazados consejeros que, por más que eran de un partido político, su manera de actuar en el Consejo era corporativo. Y fueron reemplazados por consejeros en ambos partidos (NdA: radicalismo y Frente para la Victoria) que no estamos actuando corporativamente, sino según el caso lo amerite.
Como integrante de la Comisión de Acusación investiga muchas denuncias, ¿Cuáles son las más habituales contra los magistrados?
La mayor cantidad de denuncias no son por causales ciertas, sino son o por los abogados o por las partes que en un proceso usan la denuncia ante el Consejo para obtener mejor posicionamiento en el caso judicial. Lo menor es por mal desempeño cierto. Y de los que yo he visto tenemos los casos en trámite de amparos, hechos por tenedores de títulos pos default. Lamentablemente, pero no es lo más común, el olvido de detención de un joven que fue absuelto; varios por demoras, rémoras o presuntos encubrimientos en casos de derechos humanos. No en todos los casos el Jury de Enjuiciamiento ha opinado igual que el Consejo de la Magistratura. Pero en algunos se ve por la renuncia de los magistrados que igualmente le dieron la razón al Consejo.
¿Está de acuerdo con que el presidente acepte las renuncias de jueces con juicios políticos en marcha, como el caso del ahora ex juez Carlos Liporace?
Sí, estoy de acuerdo por que veo que el objetivo del juicio político es obtener que ese funcionario – en este caso el magistrado – deje de serlo. Y si es por renuncia o por aceptación de su renuncia, hay ahorro de actividad burocrática, de actividad jurisdiccional, de recursos humanos y económicos con el mismo fin logrado. El hecho jubilatorio, que por la aceptación de la renuncia la persona puede gozar, me parece que debe ser apreciado en segundo termino, no como hecho prioritario.
Al Consejo se le critica que no va a fondo con la reforma judicial ¿Qué aspectos cree que habría que modificar en la Justicia?
Creo que la justicia debe ser reformada. Pero – y esto también se habló y se dijo en el debate por la ley del Consejo de la Magistratura – el Congreso Nacional quiere recuperar la delegación en cuanto a la reforma judicial que hizo en la ley anterior. Así que yo no creo que sea atribuible al Consejo de la Magistratura que no haya podido poner el énfasis en la reforma judicial. Yo creo que para que una reforma judicial sea exitosa no la puede hacer solamente el Consejo. Tiene que estar también muy compenetrado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y presupuestariamente tiene que tener el sustento adecuado para que esta reforma pueda llevarse a la práctica. Por lo tanto yo creo que está bien que sea el Congreso Nacional el que recupere la facultad de hacer las reformas judiciales necesarias, y tiene que hacerlo en consenso con el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia y tener todo el apoyo del Ministerio de Economía, para que tenga recursos, por que cada reforma judicial, implica mayores recursos que no están previstos en el presupuesto del Poder Judicial.
Muchos consideran que los jueces y legisladores consejeros deben dedicarse exclusivamente al trabajo en el Consejo. ¿Usted puede articular sus tareas como diputada y consejera?
Puedo. Tengo el doble o el triple de trabajo. El Consejo me ha llenado de muchísimo más trabajo. El tema que los Legisladores puedan delegar desde el Congreso los que integran al Consejo de la Magistratura, es un tema que quedó saldado y que la propia Constitución parece que no da resquicio para que no sean más que los legisladores los que ocupen esos cargos. Y lo mismo con los representantes del Poder Judicial.
¿Las dos vacantes que hay en la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberían cubrirse ya?
Si el Poder Ejecutivo las cubriera ya, dirían que es hegemónico y está poniendo la cantidad mayor de ministros que ha puesto un Ejecutivo en la historia nacional. Si no los pone, están las voces que dicen está trabado el trabajo de la Corte. Me parece que el Poder Ejecutivo está tomando también en esto un tiempo de asentamiento de esta nueva Corte, asentamiento del nuevo Consejo de la Magistratura, asentamiento del país en general para ver qué decide: si nombrar dos ministros más o proponer una ley que reduzca el número de miembros.
¿Le gustaría una Corte de nueve o siete miembros?
Es difícil opinar cuando no estás en el trabajo operativo y cotidiano de todos los días. Y los ministros de la Corte tienen distintos criterios cada uno, así que no tengo opinión formada.
¿Los jueces deben pagar impuesto a las ganancias?
Sí. Sin duda.
En relación al proyecto de acoso sexual que aprobó el Senado de la Nación semanas atrás, ¿Cree que es excesiva la pena máxima de cuatro años?
Es excesiva y lo es en función de los países que tienen penalizado el acoso que no llegan nunca a penas de cuatro años. Lo que ocurre es que nos vemos obligados a esta penalidad, por que en nuestro Código Penal, como rémora, sigue vigente una ley que entre otras cosas dejó muy alta la penalidad de la coacción. Y como el acoso sexual es una coacción específica, tenia que estar acorde con las penas actuales de ese delito. Pusimos cuatro años, por que cinco años es abuso deshonesto.
¿Qué reformas considera que habría que hacerle al Código Penal?
Para mí con tantos parches que se fueron sucediendo con los años, la racionalidad de las penas perdió su sentido. El Código era un cuerpo sistemático de penalidades acordes con el disvalor de las conductas incriminadas, y eso se perdió; efecto de querer acompasar tiempos de inseguridad últimamente resueltos. El aumento de pena se fue dando según la modalidad delictiva y se privilegió la modalidad delictiva que se veía por los medios formadores de opinión publica, en lugar de tener en cuenta el disvalor que le queremos dar realmente a las conductas.
¿Cómo se va a instrumentar procesalmente el amparo colectivo?
El amparo colectivo exactamente no creo que tenga una regulación diferente al amparo general, si está reemplazando un instrumento que era de la época de la dictadura, por un amparo acorde a la reforma constitucional de 1994. Por eso es que se incorpora el amparo colectivo como medida efectiva, rápida, eficaz cuando hay lesión inminente a intereses difusos o intereses colectivos, y en eso tiene la misma regulación que el amparo. Primó la idea de que sean días no corridos sino hábiles, pero igualmente son cortos para resolver el amparo, y se puso también una medida de caducidad de la acción corta junto con la cual cae la medida cautelar. Solucionando el tema actual que es que los amparos en lugar de ser instrumentos excepcionales para amenazas inminentes de daños que la autoridad pública pudiera amenazar a un particular o a intereses difusos, fuera resuelto sólo con una medida cautelar, el fondo no se resuelve nunca y la medida cautelar sirve para toda la vida.