Mediante un documento que ya está en poder de los miembros de la Corte Suprema, un grupo de ONG vinculadas a la Justicia le reclamaron al máximo tribunal que lleve a cabo audiencias públicas y que publique el listado de causas en trámite en internet, entre otras cosas. Además, le acercaron propuestas para el tratamiento de casos constitucionales en el Máximo Tribunal. El documento, de unas treinta páginas, fue elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), pero cuenta con la adhesión del resto de las organizaciones autoras de los documentos “Una Corte para la Democracia” (FARN, INECIP, Poder Ciudadano, la Unión de Usuarios y Consumidores y el CELS).
“Las audiencias públicas son un herramienta privilegiada: aumentan la legitimidad de la Corte y pueden mejorar la cobertura periodística de los casos”, le dijo a
Diariojudicial.com Juan González Bertomeu, responsable del área de Justicia de ADC.
La Corte posee
incuestionables facultades para incorporar como práctica la celebración de audiencias en casos constitucionales o de trascendencia institucional. Sin embargo, hasta el momento llamó a audiencias públicas en
muy pocos casos. El más recordado fue el que generó el
hábeas corpus del CELS por las condiciones de detención en las cárceles bonaerenses. En otros, como el de la intendencia de San Luis, la audiencia se hizo en forma privada. “Los jueces deben intervenir activamente. Lo importante es que se discutan temas constitucionales y no simplemente acercar a las partes”, remarcó González Bertomeu.
En tanto, el documento pide que, para consolidar “esta valiosa herramienta”, la Corte reglamente su uso mediante el dictado de una Acordada, “estableciendo de manera detallada la organización y dinámica de las audiencias, así como los deberes de las partes”.
Además, el documento elaborado por las ONG le pide a la Corte que publique el listado con los casos en trámite ante el tribunal, una medida que incentivaría la participación pública en los procesos mediante la intervención de
Amici Curiae. Además enfatiza la necesidad de que el tribunal fije fechas aproximadas para el tratamiento de los casos constitucionales o de trascendencia institucional.
“Aún no está publicado el listado de las causas con trascendencia institucional. En la Dirección de Informática nos dicen que las secretarías de la Corte todavía no enviaron los datos”, dice González Bertomeu. Hace un mes, mediante la
acordada 14, la Corte se comprometió a publicar en internet el listado. “Nosotros pedimos que además de la lista haya una pequeña síntesis de la causa”, agrega el representante de ADC.
En el documento, en tanto, se advierte la detección de una serie de escollos institucionales “que obstaculizan de manera significativa la posibilidad de que organizaciones y personas intervengan en calidad de amigos del tribunal.
González Bertomeu también destacó la importancia de la fijación de fechas y plazos estimativos. “El problema argentino es que no se sabe qué casos ni cuándo van a ser tratados. Las fechas le saca discrecionalidad a la elección, por lo que gana la Corte”, resumió el abogado.
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