Romero se alineó a la postura de la Asociación de Magistrados de no aplicar el recorte presupuestario en el ámbito de la justicia, y menos aún en aplicar una quita en los sueldos de los empleados judiciales.
En el encuentro estuvieron presentes el vicepresidente de la Asociación, Luis Cabral, el juez del Tribunal Oral, Mariano Gonzalez Palazzo integrante de la cámara del crimen, y la Comisión de la Defensa de la Asociación, Aníbal Gilardenghi, Silvina Manes y Ernestina Storni. Allí Romero puso de manifiesto que el ajuste ya se aplicó, y recortar los sueldos de nuevo implicaría aumentar los problemas dentro de la justicia. “El Ministerio Público es un organismo autárquico y autónomo, y además ya se aplicó un ajuste presupuestario, en el sector de la Defensoría Pública de Menores”, expresaron los voceros consultados.
“En el interior del país se solicitó mayor cantidad de personal para cubrir la Defensoría porque no hay estructura en el cargo. En el Ministerio Público los meritorios trabajan sin cobrar su sueldo. Existen falencias de secretarios, prosecretarios letrados y las causas se acumulan cada vez más en el Fuero Penal y de Menores”.
“Las Defensorías están abarrotadas de expedientes, y la cadena de problemas inducen a una justicia lenta: sólo tres personas atienden los concursos en la Defensoría General de la Nación, que abarca 180 defensorías de todo el país. El problema de las Defensorías Civiles es que afrontan los problemas del fueron laboral. Por todo esto, reducir los salarios en la justicia implicaría aumentar los problemas . Los auxiliares administrativos, que recién se inician, cobran 450 pesos”, señalaron.