Finalmente, la Justicia de Tucumán le ordenó al Poder Ejecutivo que se abstenga de poner en funciones el cuestionado Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), hasta tanto se resuelva un planteo formulado por el (
Colegio de Abogados local ) contra varias cláusulas de la nueva Constitución provincial.
La medida cautelar, que suspende el decreto que creó el CAM, fue firmada por el presidente de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Carlos Giovanniello, quien suspendió, en forma preventiva, la ejecutoriedad del Decreto 1.820, firmado por el gobernador José Alperovich y por el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, el pasado 15 de julio.
La resolución causó sorpresa en el Gobierno provincial. Sin embargo, el gobernador Alperovich anticipó que no se apelará la decisión, con lo cual la elección de los jueces
quedará paralizada hasta que se resuelva definitivamente el conflicto, aunque otros plantean que se debería mantener el anterior sistema de designación (candidatos propuestos por el PE a la Cámara) hasta tanto se resuelva el planteo de los abogados.
“La orden judicial es para que no pueda mandar (pliegos de) jueces a la Legislatura. No vamos a recurrir ni a apelar absolutamente nada. Ya es un problema de la Justicia porque no vamos a nombrar jueces. No tengo ningún apuro. Si el juicio demora dos o tres años, que demore lo que sea. Así actuó la Justicia, no el Poder Ejecutivo", disparó el mandatario.
No obstante, otros funcionarios provinciales, como el secretario general de la Gobernación, Francisco Sassi Colombres, quien consideró la resolución no se ajustaba a derecho, salieron a criticar el fallo de la Justicia.
La semana pasada, mediante el
Decreto 1.820, el Ejecutivo provincial dispuso la integración del CAM, y determinó que sea conformado por el ministro de Gobierno, el Fiscal de Estado, el Secretario General de la Gobernación, un legislador, un magistrado y un abogado con más de 25 años de ejercicio de la profesión y elegido por sorteo público.
Esta medida fue cuestionada desde todos los sectores de la oposición y la mayoría de las organizaciones no gubernamentales, que advirtieron que la mayoría política de dos terceras partes en el instituto encargado de seleccionar a los jueces implicará
la pérdida de la independencia del Poder Judicial.
Los abogados ya habían presentado una
acción de inconstitucionalidad contra la flamante Carta Magna, que tiene tres semanas de vida. La presentación luego fue ampliada el lunes 26 contra el decreto reglamentario del CAM.
Al
suspender preventivamente el decreto, Giovanniello sostuvo que no se puede obligar a la entidad a integrar el organismo cuestionado, hasta tanto no se resuelva el fondo de la demanda. El magistrado entendió que “la puesta en funcionamiento del CAM serviría para agravar la situación institucional, cuando desde lo antiguo se entiende que durante la pendencia del litigio no cabe innovar".
“Al encontrarse severamente cuestionadas las normas constitucionales relativas a la designación de magistrados, la puesta en funcionamiento por el Poder Ejecutivo serviría para agravar la situación institucional”, agregó.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Antonio Bustamante, se mostró satisfecho por la medida cautelar, pero aclaró que no está contento, ya que se confirma "la existencia de una crisis institucional generada por los convencionales cuando siguieron adelante con algo para lo que no estaban legitimados”.
dju / dju
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