El proyecto para castigar con la pena de muerte a violadores y asesinos de chicos, propuesto por el presidente peruano Alan García, generó un enorme debate interno dentro de ese país donde una mayoría de ciudadanos reclama medidas drásticas para detener los casos de pedofilia.
La propuesta generó opiniones a favor y en contra dentro del mismo gobierno y el rechazo unánime de juristas y grupos de derechos humanos.
Esta semana, García condenó el "crimen atroz que es la violación, seguida del asesinato de niños" y aseguró que "la sociedad necesita más rigor, más orden y los delincuentes necesitan sanciones mucho más severas". El camino hacia la reforma sería una reforma constitucional o por la vía de un referendo.
El ministro Jorge del Castillo anunció que en los próximos días el gobierno peruano definirá la propuesta para aplicar la pena capital y admitió que ya se analiza una reforma constitucional y se evalúa el efecto que tendrá en los tratados internacionales.
Por su parte, el canciller José García Belaúnde se declaró en contra de la pena de muerte y advirtió que Perú debería renunciar al Pacto de San José de Costa Rica. "Afectaría en forma negativa la imagen del país y del gobierno en concreto”, dijo.
La ministra de Justicia, María Zavala, coincidió con el Ministro de relaciones Exteriores en que aplicar la pena capital conllevaría complicaciones respecto a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Perú.
Según estadísticas oficiales de ese país, en el primer trimestre del año hubo 1.464 casos de violaciones a menores de edad.
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