Para que la iniciativa se lleve a cabo se requiere la modificación del Código Penal. Hoy el reglamento de Establecimientos Penitenciarios prohíbe el uso de teléfonos celulares por razones de seguridad y es considerado una infracción que es sancionada como falta disciplinaria grave.
Entre las sanciones que actualmente se aplican a los presos que usan celulares dentro de los penales se encuentran: supreción de visitas y correspodencia por un mes y aislamiento en una celda individual. Pero los diputados Enrique Estay Peñaloza e Iván Moreira Barros quieren que el uso de celulares sea un agravante mientras se esté privado de la libertad.
Los legisladores del partido Unión Democática Independiente fundamentaron su iniciativa en que los recluesos utilizan los teléfonos celulares, que ingresan clandestinamente a la cárcel, para organizar delitos como el tráfico de drogas, secuestros o fugas, entre otros.
Por el uso de teléfonos celulares también se considerará como un elemento del tipo penal de asociación ilícita cuando los presos en combinación con personas en libertad cometan crímenes o delitos simples con la ayuda de los aparatos tecnológicos.
La iniciativa se encuentra en estudio en las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia.