Entre los temas que las entidades analizaron se encuentran el modo de designación de los jueces y su funcionamiento interno, la cantidad de causas ingresadas y resueltas, sentencias en temas relacionados con derechos constitucionales, y la situación del Tribunal en el contexto político-institucional provincial.
Sobre este último punto el informe señala que en Mendoza “existen condiciones políticas para el desempeño independiente de la Suprema Corte de Justicia” aunque eso no significa, agrega el trabajo, que “no existan conflictos entre los poderes de gobierno o intentos de restringir la independencia del Poder Judicial”. “Estos conflictos e intentos pueden existir pero, dadas las condiciones políticas prevalecientes, tienen bajas probabilidades de ser exitosos y no representan un compromiso significativo de la independencia del máximo tribunal”.
En ese marco, el informe sostiene que la Corte es “relativamente estable en su Composición”. “Con la vuelta a la democracia en 1984, bajo el gobierno de Santiago Llaver, el Tribunal se renovó completamente, y desde ese año hasta la actualidad se llevaron a cabo 15 designaciones (18 incluyendo al Procurador). Tres de los designados en 1984, los Dres. Elías Baglini, Arsenio Lorente y Aldo Massimiani, renunciaron en 1987 para jubilarse”.
Dos jueces designados en 1984 (la Dra. Kemelmajer y el Dr. Salvini) y 3 en 1987 (Jorge Nanclares, Pedro Llorente y Fernando Romano) siguen en su cargo: cinco de los siete jueces tienen 19 o más años en la Corte mendocina. “El promedio de duración de los jueces de la SC, analizándolo desde la vuelta a la democracia, es algo superior a los 10 años, una cifra relativamente alta para un superior tribunal argentino (y en comparación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación)”, señala el trabajo.
Según el informe, en 2004 el Poder Judicial de Mendoza recibió 331.101 causas. Esto es un expediente por cada cinco habitantes (el censo del 2001 arrojó un total de 1.579.651 habitantes).
“La SC, sin embargo, no parece reflejar en su carga de trabajo este elevado nivel de litigiosidad. Así, durante 2005 el Tribunal recibió 1409 causas, entre acciones, recursos y otras cuestiones, el equivalente a -aproximadamente- el 0,45% del total de casos iniciados ese año en todo el Poder Judicial. Teniendo en cuenta los datos para 2005, el tribunal recibe en promedio entre 6 y 7 causas por día hábil. Dado que las causas que llegan a la SC son sujetas a un control de tipo formal, el número de las que quedan para resolver sobre el fondo es menor”, señala el informe sobre el funcionamiento de la Corte mendocina.
Como conclusión, las ONG señalan que la Corte Suprema “no enfrenta una carga excesiva de trabajo”. “Los indicadores principales sugieren que, a pesar de que la cantidad de casos que recibe es elevada, el tribunal funciona de un modo relativamente eficiente, sin que enfrente obstáculos graves para asegurar el acceso a la justicia de los mendocinos al nivel del superior tribunal provincial”.
Las conclusiones del trabajo fueron presentadas el miércoles pasado en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Mendoza. Estuvieron presentes el gobernador Julio Cobos, el presidente del máximo triabunal, Jorge Nanclares, el presidente de ADC, Alejandro Carrió, y el Administrador General de la Corte, Alfredo Segura.
El informe (ADC realizó uno similar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación) también abordó el mecanismo de designaciones en la Justicia. “En la provincia no existe un procedimiento de auto-limitación de las facultades del Poder Ejecutivo y de participación ciudadana en el ámbito de dicho poder para las designaciones de magistrados, tal como lo disponen a nivel nacional los decretos 222/2003 y 588/2003”, analiza el trabajo.
Esos dos decretos fueron firmados por el presidente Néstor Kirchner y abren un período de opinión ciudadana sobre los candidatos a jueces tanto para la Corte Suprema de Justicia de la Nación como para los magistrados inferiores, el Procurador General y el Defensora General de la Nación.
En Mendoza el Senado sí tiene una instancia de participación pública a la que el informe califica de “elogiable”, aunque resaltan que sería “conveniente ampliar las oportunidades de participación a nivel del Poder Ejecutivo, y establecer estándares que deberían ser respetados a la hora de escoger un/a candidato/a”.
“Además de las naturales ventajas que implica contar con un mecanismo público y participativo de esa naturaleza, como quedó ampliamente demostrado a nivel nacional, sería muy oportuno que un eventual decreto estableciera públicamente pautas o criterios objetivos que deberían guiar la elección de un/a candidato/a a cubrir el cargo de juez de la SC. Cabe destacar que en el ámbito local varias voces han puesto de relieve la necesidad de establecer un mecanismo semejante”, agrega el trabajo.