La denuncia en el fuero contencioso administrativo recayó en el juzgado 7 a cargo de María Cristina Carrión de Lorenzo, magistrada que en 1995 había dictado la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 290 mediante el cual el ex presidente Carlos Menem también había dispuesto un recorte en los salarios estatales.
Encabezados por el abogado laboralista Héctor Recalde, los representante de los 15 gremios estatales nucleados en esas corrientes, cuestionaron la validez constitucional del decreto de De la Rúa por entender que para invocar "necesidad y urgencia" es necesaria una ley que lo convalide.
Asimismo, denunciaron el presunto carácter "confiscatorio" de la medida ya que, según explicaron, afecta a sueldos de la administración pública partiendo de los 1000 pesos, cuando la canasta familiar básica está establecida en los 1030 pesos.
Los gremios anticiparon que en caso de no satisfacerse sus demandas recurrirán ante la OIT, y aseguraron, en declaraciones ante la prensa, que de este modo le hacen "un favor" al gobierno ya que a partir del ajuste salarial se originarán alrededor de 140 mil juicios.
El gobierno enfrentaba hasta el viernes 17 presentaciones individuales de ese tipo.
Los sindicatos reivindicaron la jurisprudencia existente respecto de efectuar presentaciones en representación de sus afiliados, y citaron a modo de ejemplo el reconocimiento que la justicia efectuó en ese sentido en la causa por la cual se demandó a la firma Austral a raíz del accidente en el que perdió la vida una azafata que se cayó por la puerta abierta de un avión en vuelo.
Los gremios pidieron que se dispongan medidas de "no innovar a los efectos que se declaren inaplicables las reducciones en las remuneraciones" que se efectivizarían a partir del próximo mes al liquidar los salarios de junio y el aguinaldo.
Respecto del pedido de inconstitucionalidad los gremios destacan que el decreto 430/00 "es a todas luces nulo de nulidad absoluta por haberse dictado en violación de la expresa prohibición de legislar que le impone al Poder Ejecutivo el artículo 99 de la Constitución Nacional", cuando el Congreso está en sesiones ordinarias.
"La única excepción contemplada por la Ley Fundamental en materia de decretos de necesidad y urgencia requiere, como condiciones previas, la creación de una Comisión Bicameral y la sanción de una ley especial que establezca el trámite y alcances de la intervención del Congreso de la Nación para la convalidación de actos de tal naturaleza, requisitos que no se verifican en la actualidad".
Asimismo, sostienen que el decreto impone "una contribución forzosa a un sector de los asalariados, sin prever su devolución ni compensación de ninguna especie importando una verdadera confiscación".
Tampoco quedaría determinada la "transitoriedad" de una medida "tan extrema, lo que "debe leerse como la pretensión por parte del Estado Nacional que la quita de las remuneraciones tenga carácter permanente", vulnerando el requisito de temporalidad para justificar este tipo de medidas, que la Corte estableció" en el fallo que decretó la constitucionalidad del decreto de Menem.
Las presentaciones fueron efectuadas en representacion de los trabajadores nucleados en la Asociación bancaria (sociedad de Empleados de Bancos), la Asociación de Empleados de la Dirección General Impositiva, la Asociación del Personal de Organismos de Previsión Social, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, el Sindicato Argentino de televisión, el Sindicato de Empleados de la Caja de Asignaciones Familiares para el Personal de la Industria, el Sindicato de Trabajadores Viales, el Sindicato Único del Personal de la Aduana de la Republica Argentina, Unión del Personal Civil de la Nación, Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas, Unión Ferroviaria, la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Asociación Personal de Economía y Hacienda, el Sindicato de Dragado y Balizamiento y el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación.
La presentación ante la justicia laboral fue efectuada en representación de los gremios que tienen convenios específicos, según explicaron los dirigentes quienes recordaron que cuando se dictó el decreto 290/95 "no existía el convenio colectivo del sector público".