El procurador general de la Nación, Esteban Righi, avaló este lunes la reforma al Consejo de la Magistratura de la Nación, a través de un dictamen. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó habilitada para tratar el expediente. Se trata de un amparo presentado por la Asociación de Abogados de Buenos (AABA) para que se declare inconstitucional la reducción a 13 de los 20 integrantes del organismo. La AABA considera que la nueva Ley 26.080 viola el equilibro con que la Constitución Nacional pide que se integra el Consejo ya que de los 13 integrantes, siete corresponden a representantes políticos en amplia mayoría numérica contra los otros estamentos del cuerpo (abogados, jueces y académicos). Pero tanto en primera como en segunda instancia, el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal avaló la nueva ley. El próximo 17 de noviembre asumirán los nuevos consejeros. Justamente este lunes la AABA invitó a particulares y organizaciones a presentarse como amicus curiae (amigos del tribunal) en el amparo que la AABA tiene en el máximo tribunal contra la reforma.
Sin impunidad
El juez federal Sergio Torres ordenó este lunes las detenciones del ex jefe de la Armada, almirante Jorge Isaac Anaya, y otros 34 marinos por los crímenes ocurridos durante la dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Anaya integró la tercera Junta Militar de la última dictadura, junto al general Leopoldo Galtieri y el brigadier Arturo Lami Dozo, que en 1982 ordenó la ocupación de las Islas Malvinas. En la lista firmada por el magistrado figuran, entre otros, el almirante Antonio Vañek, Carlos Suárez Mason hijo, Miguel Benazzi Berisso, Hugo Enrique Demario, Rogelio Martinez Pizarro, Eugenio Bautista Villordo, Carlos José Pazo, Roberto Pérez Froio, Julio Antonio Torti, Aníbal Mazzola y Carlos Fragio. Las detenciones fueron ordenadas en relación a 250 nuevos casos de secuestros y torturas incorporados a la causa, entre otros los de Juan Gasparini, Ignacio Pedro Ojea Quintana, Sara Solarz de Osatinsky, Lila Pastoriza de Jozami, Susana Pegoraro, y Graciela Daleo, y la desaparición de Néstor Morandini.
Debate
El juicio oral por la muerte de María Marta García Belsunce comenzará el próximo 20 de febrero. Así lo dispuso el Tribunal Oral Criminal Nº 6 de San Isidro que llevará adelante las actuaciones. El juicio será contra el viudo de García Belsunce, Carlos Carrascosa. El imputado está acusado de homicidio calificado por el vínculo. Por otro lado, para más adelante quedará el juicio para el resto de los familiares de García Belsunce sospechados de encubrimiento. La separación de la causa se debe a que estos últimos apelaron su elevación a juicio oral y resta que se expida la Cámara de Casación. El crimen de García Belsunce ocurrió el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar.
Una pena sin final
Fiscales españoles solicitarán a la justicia de ese país la pena de 38.000 años de prisión para los 29 procesados, a los que se les imputa haber ideado, preparado y ejecutado uno de los atentados más grandes en la historia de España. Además de las 191 muertes que se les imputa, se le juzgará por su conexión con el terrorismo internacional. La sumatoria sin límites en el caso de concurso de delitos –sistema que posee el país ibérico- arrojó la cifra de 38.000 años, cantidad de tiempo que se vuelve tan sólo simbólico toda vez que la pena se extingue con la muerte del reo. Entre los imputados se encuentran Rabei “Mohamed El Egipcio” Osman, Jamal Zougam, Mohamed Belhadjy, Basel Ghalyoun, Abdelmajid Bouchar, Serhane “Tunecino” ben Abdelmajid y Asan el Haski.