La Comisión de Constitución y Justicia del Senado brasileño archivó un proyecto de ley que pretendía condenar, con penas de cárcel, a quienes no se identificasen al navegar por Internet. El llamado "Proyecto de Ley Sustitutiva 124/06", que iba a ser sometido a la discusión en esa comisión legislativa este miércoles, recibió en los últimos dos días una lluvia de críticas desde diversos sectores de la sociedad brasileña, por lo que sus promotores decidieron archivarlo en forma definitiva.
El presidente de la Comisión, el senador Antonio Carlos Magalhaes, del Partido del Frente Liberal (PFL), determinó que la iniciativa legal sea retirada de la agenda y aclaró que no hay una nueva fecha prevista para su votación, según informó la agencia senado (oficial) del Congreso.
Por su parte, el senador socialdemócrata Eduardo Azeredo, defensor del proyecto, dijo que no se oponía a seguir discutiendo: su propuesta desató una ola de reacciones -la mayoría en contra- en el Gobierno, los medios de comunicación y en las instituciones civiles.
El proyecto, promovido por entidades financieras, establecía pena de 1 a 4 años de cárcel para los responsables de difundir virus cibernéticos, robo y "clonación" de claves de acceso de tarjetas y teléfonos móviles, entre otros delitos. También hacía obligatoria la identificación del usuario antes del envío de correos electrónicos, el ingreso a salas virtuales de conversación, crear "blogs" o copiar y difundir vídeos y música.
Además, responsabilizaba a los proveedores de internet de la veracidad de los datos suministrados y éstos correrían con la misma pena en caso de permitir el acceso de internautas no identificados.
Según el director de Tarjetas y Negocios Electrónicos de la Federación Brasileña de Bancos (Febraban), Jair Scalco, la identificación obligatoria de todos los que navegan por Internet es esencial para asegurar que sean efectivas las leyes que castigan los fraudes por la red mundial.
Sin embargo, los proveedores consideran que la ley burocratizaría el uso de la red mundial y violaría libertades individuales. Para usar la red en operaciones interactivas que involucren a más personas, el usuario debería suministrar a las compañías proveedoras su nombre, dirección, número de teléfono y de identificación. Y los administradores de red sólo permitirían el acceso una vez confirmados los datos, que deberían guardar por al menos tres años a disposición de la policía.
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