La titular de la subsecretaría, Diana Conti, le había pedido ayer a Becerra que presente un recurso de revisión de las condenas a los integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que en 1989 participaron del copamiento al cuartel de La Tablada.
Becerra decidió hoy rechazar "por improcedente” el reclamo por entender que el Ejecutivo "no le puede dar instrucciones al Ministerio público "que es un organismo autónomo, ni tampoco el procurador puede instruir a los fiscales".
Conti había solicitado a Becerra que impulse un recurso de revisión ordinario de las sentencias dictadas por la Cámara Federal de San Martín, sin incluir en el mismo al líder de ese grupo, Enrique Gorriarán Merlo, ni de su esposa, Ana Sivori.
Los detenidos, que cumplen una huelga de hambre en reclamo por la revisión de sus sentencias, fueron juzgados por la Ley de Defensa de la Democracia, que contempla una instancia única, pero este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al gobierno que les brinde la posibilidad de un nuevo juicio.
El pedido obedece a que en 1994 se incorporó con rango constitucional la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto de San José de Costa Rica), que colisionan con la ley por la que fueron juzgados los detenidos de Tablada.
El pedido de Conti se produjo una semana después que el gobierno hiciera saber que no aplicará indultos a los presos que se encuentran en huelga de hambre, sobre quienes el ministro de Justicia no descartó la posibilidad de alimentarlos en forma compulsiva en caso que sus vidas corran peligro.
Además, el justicialismo frenó en la Cámara de diputados un proyecto del aliancista Ramón Torres Molina, según el cual impulsaba la revisión.
El gobierno pretende que se instrumente un recurso "ordinario" de revisión previsto en el artículo 479 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación.