La procuradora general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, anunció que el 90 por ciento de las 63 nuevas sedes judiciales de la provincia de Buenos Aires, con fiscalías y defensorías descentralizadas, estarán funcionando antes de fin de año y que el resto se pondrán en marcha en los primeros cuatro meses del 2007. Se trata de nuevas dependencias instaladas en lugares alejados de las cabeceras de los departamentos judiciales, que atenderán denuncias y dirigirán investigaciones.
"De todo lo planificado, antes de fin de año estará cumplido un 90 por ciento y en el primer cuatrimestre del año próximo la descentralización estará concluida", anunció Falbo. Y el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, explicó que “la descentralización es la primera etapa del plan de acercamiento de la Justicia a la gente”. “Este año se pudo cumplir casi a la perfección el plan trazado originalmente y se pudo hacer por trabajar mancomunadamente con el Poder Judicial y con la Procuración”.
“Primero se determinaron cuántos fiscales y defensores se debían agregar a cada uno de los departamentos y, tras un pormenorizado estudio que incluyó mapas del delito, población, territorios y distancias a sedes centrales, se designaron los lugares donde funcionarían”, contó Falbo.
La descentralización de las fiscalías y defensorías fue aprobada por la Legislatura bonaerense en 2004, junto con la creación de la figura de "ayudante fiscal", específica para los distritos del interior que se encuentran alejados de las cabeceras departamentales. A partir de ello, el gobierno provincial y el Poder Judicial bonaerense crearon fiscalías y defensorías en 17 de los 18 departamentos judiciales.
Para ello fue necesario poner en funciones a 191 nuevos funcionarios (108 fiscales, 35 ayudantes fiscales y 48 defensores públicos), que se suman a los casi 500 funcionarios que trabajan en las cabeceras distritales. Los edificios, en cambio, fueron aportados por las comunas.
Cuando la Policía recibe una denuncia debe informar inmediatamente a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno de su departamento judicial. Si el fiscal considera que debe realizarse algún allanamiento, secuestro de pruebas o alguna detención, debe solicitar la autorización del juez de Garantías en turno y, si éste no se opone, el fiscal instruye a la policía para que proceda. De esa manera, achicar distancias significa ganar tiempo en las pesquisas, explican los funcionarios.
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