Los diputados Jorge Landau y José Díaz Bancalari –Peronismo Federal-, habían presentado un proyecto proponiendo la suspensión de la ley de “internas abiertas” –Ley 25.611- respecto de las próximas elecciones del 2007 y para los cargos de presidente, vicepresidente y legisladores nacionales.
Tanto en la respectiva comisión legislativa, como también en el recinto al momento de votarla, se modificó el proyecto original optando por una solución más drástica: derogar la totalidad de la Ley 25.611 y sus modificatorias devolviéndole vigencia a la Ley 23.298.
En los fundamentos del proyecto se explica que la razón por la cual se dictó la ley de “internas abiertas” respondía a una situación de crisis que vivía el país que desprestigió a los partidos políticos –el fracaso de la Alianza; la crisis económica que trasnformó en ilusorios los derechos de la población (recuérdese el corralito financiero); etc-.
En dicha situación límite en nuestro sistema democrático y republicano de gobierno, los ciudadanos se expresaban en las urnas mediante el “voto negativo”. Desde el simple voto en blanco, hasta la impugnación total del sufragio –rotura de boletas, colocación de alimentos perecederos en los sobres, candidatos de fantasía, etc-.
La ley de “internas abiertas” buscó que por medio de la participación de la sociedad toda (afiliados e independientes) en una etapa inmediatamente previa a las elecciones –gestación de los candidatos-, afianzara la confianza y la participación en la posterior elección –la cual le daría el marco de legitimidad al gobierno electo.
Los autores del proyecto sostuvieron, que en la última elección no tuvo una total aplicación, siendo mínima la cantidad de partidos políticos que cumplieron con la normativa, escudándose en un decreto dictado por el Poder Ejecutivo –1397/02-, que permitía eludir la convocatoria a dichas internas.
Los propulsores del proyecto de suspensión –que fue transformado por los diputados en la lisa y llana derogación de las “internas abiertas”- entendieron que la norma no tuvo nunca real aplicación, y que las razones por las cuales fue creada hoy en día no se encuentran inalteradas.
Con la derogación de la Ley 25.611, se le devuelve el status libertatis a los afiliados de los partidos políticos, siendo estos los únicos que se encuentran legitimados para elegir a los candidatos del partido.
Afirmaron los firmantes del proyecto, que la sociedad no valora la forma por la cual fueron elegidos los candidatos, sino la calidad de estos y sus propuestas. Consideraron que la inclusión de grupos extraños al propio partido ha generado mayores problemas de los que ha venido a solucionar, no siendo un instrumento idóneo para incentivar la trasparencia de las elecciones.
En los próximos días, la Cámara de Senadores de la Nación deberá decidir si da sanción al proyecto, o si este es rechazado, debiendo en su caso volver a la Cámara de origen para ser impulsado nuevamente o descartado definitivamente.