“Pese a los progresos alcanzados en el ámbito del derecho internacional en materia de derechos humanos, a lo que ha contribuido el desarrollo de la democracia, en el mundo de hoy todavía son frecuentes las agresiones y amenazas a los abogados, así como las interferencias sobre el Poder Judicial”, señaló Despouy durante la presentación del informe que tuvo lugar en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI).
Despouy, relator de la ONU desde agosto de 2003, agregó que para llevar a cabo la tarea de abogados y jueces “es necesario adoptar medidas nacionales que garanticen el libre ejercicio de sus funciones. Cuando estas medidas son insuficientes o ineficaces, cabe recurrir a mecanismos internacionales”.
El titular de la AGN recordó que en 1994 la Organización de las Naciones Unidas creó la Relatoría Especial por “la frecuencia con que magistrados, abogados y auxiliares de Justicia eran objeto de embates diversos, y la probada relación entre el menoscabo de las garantías que deben ampararlos y la gravedad y reiteración de las violaciones de derechos humanos en algunos Estados o territorios”.
En la presentación estuvieron la juez de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay; la ministra de defensa, Nilda Garré; el subsecretario de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarollo; el juez de la Cámara Federal porteña Horacio Cattani; el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Carlos Andreucci, y el vicepresidente del CARI, el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, entre otros.
La presentación de Despouy está compuesta de una serie de trabajos, entre ellos un informe sobre la situación de la justicia militar en el mundo y sobre los detenidos en la bahía de Guantánamo, la cárcel que Estados Unidos tiene en Cuba.
El primero, hace referencia al proyecto argentino que deroga el Código de Justicia Militar y le da competencia a los tribunales ordinarios para la investigación de los delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas. “El nuevo proyecto incluye la derogación del Código de Justicia Militar actual que rige desde 1951 y la abolición de la jurisdicción penal militar, reservándola sólo para cuestiones castrenses o situaciones excepcionales como el estado guerra”, destaca el informe.
En relación a las condiciones de detención en Guantánamo el informe es lapidario y le recomienda al gobierno de Estados Unidos algunas acciones a tomar. El trabajo “confirma que las Comisiones Militares han violado numerosos derechos fundamentales de los detenidos” y que “los detenidos han sido víctimas de violaciones al derecho de la libertad de religión”.
Por otra parte, censura “las técnicas de interrogatorio, particularmente si se emplean de manera simultánea y si la víctima padeció grandes dolores o sufrimientos”.
En ese marco, el informe le recomienda al gobierno de George Bush que clausure la cárcel de Guantánamo, que lleve a juicio con prontitud a los detenidos o que los libere y que analice la posibilidad que un tribunal internacional competente lleve adelante los procesos. “Abstenerse de toda práctica que constituya tortura, u otro trato o pena cruel, inhumana”, es otra de las sugerencias.