La Audiencia Nacional española rechazó juzgar al ex militar argentino Ricardo Cavallo (el nombre correcto es Miguel Angel) por delitos de lesa humanidad y le cedió la jurisdicción a la Justicia argentina, que lo está investigando por los mismos hechos. Los abogados querellantes anticiparon que apelarán el fallo ante el Tribunal Supremo de España, con el argumento de que “la investigación está muy avanzada”.
En contra del criterio de la Fiscalía, que había pedido una pena mínima de 13.332 años de cárcel y una máxima de 17.010, la sección tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional le dio prioridad a los tribunales argentinos para juzgar al ex represor. Distinto fue el caso de Adolfo Scilingo, quien fue condenado por la Audiencia Nacional, en 2005, a 640 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas.
Cavallo, alias "Serpico", fue procesado por el juez español Baltasar Garzón por su actividad en el centro de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en la época de la última dictadura militar. Ese mismo magistrado le trabó un embargo de más de 2.600 millones de euros, según recordó uno de sus abogados. Actualmente, el ex militar se encuentra detenido en España desde que el 29 de junio de 2003, cuando fue extraditado desde México, donde fue detenido en agosto de 2000.
Según el fallo de la Audiencia Nacional, en la atribución de “jurisdicción a los tribunales de España en base al principio de justicia universal para la persecución de los delitos imputados al procesado (...), debe darse y reconocerse una absoluta prioridad a la jurisdicción argentina (locus delicti) siempre y cuando se ejercite de manera eficaz”.
Asimismo, el tribunal español aclaró que mantendrá a Cavallo en prisión provisional e incondicional "por el plazo máximo de cuarenta días", período que establece el convenio de extradición para formalizar la petición de entrega.
Para adoptar su decisión, la Audiencia Nacional tuvo en cuenta la desaparición del "obstáculo" que representaban las leyes de Punto y Final y Obediencia Debida, declaradas nulas en junio de 2005.
Enterados del fallo, los abogados defensores de Cavallo en Argentina se presentaron ante el juzgado federal de Sergio Torres. “Presentamos un amparo y un hábeas corpus”, le dijo a
Diariojudicial.com, el abogado Juan Pablo Vigliero, quien resaltó que en nuestro país se agotaron todos los plazos de prisión de preventiva por lo que Cavallo debería quedar en libertad cuando llegue desde España.
Vigliero se quejó además por los reiterados rechazos, en los últimos seis años, para extraditar a Cavallo. “Los jueces argentinos abdicaron la jurisdicción y la soberanía argentina”, dijo el letrado en diálogo con este medio.
Los abogados de la Acusación Popular española sostuvieron que apelarán al Tribunal Supremo de España, con el argumento de que "la investigación está muy avanzada" y de que "no juzgarlo en ese país es retrasar innecesariamente el proceso" contra el represor. Los letrados remarcaron que juzgar a Cavallo en Argentina supondría una situación de "privilegio" para el ex marino represor en cuanto a las condiciones de detención, ya que "pasaría de una cárcel de máxima seguridad a una base naval".
El abogado Carlos Slepoy, representante de parientes de víctimas de la dictadura, dijo que la investigación que está abierta en nuestro país se refiere sólo a la etapa inicial del caso y había una gran cantidad de evidencia para procesar a Cavallo en Madrid.
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