La defensora general Stella Maris Martínez se sumó a último momento a la ola de críticas y sugerencias que recibió el proyecto de Reforma Penal lanzado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En representación de los miembros de los organismos que coordina, la jefa de los defensores pidió que se sancione (dentro de la Reforma) una norma que consagre -en forma expresa- la creación de la Defensoría Oficial ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, lo que facilitaría el emprendimiento de acciones conducentes para proveer a la defensa y protección de los derechos humanos.
“Ante la reforma del procedimiento penal y de la legislación orgánica de la Provincia de Buenos Aires, anunciada por el Sr. Gobernador Ing. Felipe Solá, deviene imprescindible manifestar el convencimiento de los miembros de los organismos cuya coordinación ejerzo, en punto a la insoslayable necesidad de contemplar en ese actual proceso de modificación legislativa, la sanción de una norma mediante la cual se consagre en forma expresa en el ordenamiento de esa provincia, la creación de la Defensoría Oficial ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires”, dijo la Coordinadora General del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del MERCOSUR, una de las tantas asociaciones que coordina.
Martínez sostuvo que esa norma facilitaría el emprendimiento “de las acciones conducentes para proveer a la defensa y protección de los derechos humanos de los habitantes de ese Estado de la República, y el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables”.
Además, dijo que la creación de ese cargo sería “un promisorio avance con miras a lograr en el ámbito de esa provincia, la ulterior creación de la Defensoría General de la Provincia de Buenos Aires, que en consonancia con lo estatuido por el artículo 120 de la Constitución Nacional, se desempeñe de manera independiente respecto de otros Poderes del Estado, con autonomía funcional y autarquía financiera”.
Desde que se anunció, la reforma Penal sumó más criticas que adhesiones. Y no todas provinieron del ámbito de la provincia de Buenos Aires. De hecho, hace pocos días, el Consejo de la Defensa Pública de la provincia del Chubut (CDPCH) criticó la reforma porque suprime “la Defensoría ante la Cámara de Casación Penal”. “La propuesta legislativa no se hace cargo del sostenido reclamo formulado desde foros académicos, profesionales y de Derechos Humanos que impulsan la autonomía de la Defensa Pública en la jurisdicción más densamente poblada del país”, señaló la CDPCH a través de un comunicado.
Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados estaba tratando la Reforma. Según fuentes parlamentarias, el proyecto
iba a ser aprobado pero con algunas modificaciones que surgieron en las reuniones que diputados y senadores -del oficialismo y la oposición- mantuvieron con representantes del Tribunal de Casación y de los Colegios de Magistrados y Funcionarios Judiciales y de Abogados. Algunas de las variantes en estudio eran "mejorar la redacción del recurso extraordinario de apelación ante la Corte" y "ampliar" el espectro de causas que tendrían bajo su órbita los 210 tribunales de juicio unipersonales.
El miércoles, en un acto que se llevó a cabo en Quilmes, el gobernador Felipe Solá afirmó que la Reforma intenta poner a al Justicia al servicio del pueblo, “haciendo que en lugar de tener tanta majestad, la Justicia tenga más trabajo y más servicio, cambiando el orden de la importancia, primero la gente, después los expedientes".
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