Arslanian, reiteró hoy que Alderete se considera "un preso político" y que ello obedece "al universo de denuncias" en su contra, diseminadas "quizás deliberadamente" por la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
Alderete continúo hoy en el despacho del juez federal Adolfo Bagnasco, respondiendo el cuestionario de los fiscales Paúl Starc y Guillermo Montenegro, que fuera suspendido el viernes último, cuando se había comenzado a profundizar respecto de la contratación directa de prestadoras médicas.
En su declaración, Alderete defendió la contratación directa del Instituto de Macropsicología porque consideraban que "era de primer nivel" y por una suma de 20 mil pesos por mes. En ese marco, dijo que "en el estado en que estaba el PAMI, era muy difícil lograr que profesionales prestigiosos, aceptaran prestar servicio para mejorar la atención".
Al respecto, aseguró que la decisión obedeció a que Macropsicología podía realizar "una auditoria de calidad" en materia de asistencia siquiátrica de los jubilados, pero advirtió que él, como presidente, "nunca firmó ningún contrato que pudiera entrar en vigencia sin la aprobación del directorio".
También explicó que la firma del contrato con Macropsicología como auditora obedeció a un diagnostico acerca del "estado anacrónico en que eran tratadas las dolencias de tipo mental en el PAMI".