Isabelita, de 75 años, compareció ante el juez Juan del Olmo, magistrado de guardia de la Audiencia Nacional, ante quien se iniciarán los trámites de extradición a la Argentina. Luego de tomarle declaración por espacio de media hora el juez Del Olmo concedió la libertad provisional de la ex presidenta al considerar que por su avanzada edad no existe peligro de fuga. La fiscalía solicitó que Isabel Perón comparezca ante ese juzgado cada quince días, hasta que se resuelva si corresponde o no su extradición. Por su parte el juez mendocino dispone ahora de 40 días para fundar el pedido.
En la misma causa también son investigados el ex senador Antonio Cafiero, el ex presidente provisional del Senado Italo Argentino Luder y el diputado Carlos Ruckauf, entre otros funcionarios de la época.
El juez federal de San Rafael explicó que el veterano dirigente justicialista, ya retirado de la política, "tuvo su eximición de prisión y se presentó al juzgado" y que Ruckauf "se presentó y se le denegó la eximición de prisión, pero por su condición de diputado nacional tiene inmunidad de arrestro". El juez mendocino se basó en la presunta responsabilidad que tuvieron los integrantes del Gobierno nacional en el dictado de los decretos 2770, 2771 y 2772, del año 1975 en los que se ordenó a las fuerzas armadas "aniquilar el accionar de los elementos subversivos".
El magistrado afirmó que el delito que se le imputa a la ex presidente María Estela Martínez de Perón no es excarcelable. "En principio por la escala penal y en los términos del (artículo) 316 del código de procedimiento no es excarcelable", aseguró el magistrado en declaraciones radiales.
Hacia fines del 2006 el juez Acosta ya se encaminaba a ordenar las detenciones a tal punto que Antonio Cafiero mandó a su abogado a requerir la eximición de prisión por aplicación del viejo código procesal vigente en los años 70. Luego fue duramente criticado por la dirigencia política lo que incluyó un pedido de destitución por ante el Consejo de la Magistratura. Acosta entendió el mensaje político y rápidamente "sacó el pie del acelerador".
Sin embargo seguramente se habrá sorprendido que en plena feria judicial de enero su colega porteño Norberto Oyarbide encaminaba la dirección de sus investigaciones por la Triple A a marcar un derrotero similar al de la causa mendocina involucrando en su investigación a la ex presidente y a otros funcionarios de la época. El fuerte eco en los medios nacionales movió al sanrafaelino a reflotar su gesta procesal.
Por su parte el ministro del Interior, Aníbal Fernández, en referencia al pedido de extradición dijo que "hay pruebas de determinadas acciones por lo que deberá comparecer, porque así tiene que ser". "Cuando el presidente dijo que no dejaba sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno y que no iba a haber pactos de impunidad con nadie, comprendía a todos, también a la señora de Perón", dijo Fernández en declaraciones reflejadas por la agencia Telam.
En 1997 la ex presidente fue interrogada por el juez español Baltasar Garzón con el propósito de averiguar cuáles habían sido los orígenes del terrorismo de Estado en Argentina. En esa oportunidad el juez español no tomó ninguna medida en contra Isabel Martínez de Perón.