Poder Ciudadano explicó que la Corte dictó el año pasado las resoluciones 200 y 202 para cubrir 12 cargos de contadores. La ONG le requirió al máximo tribunal información sobre “si se permitió a los concursantes ver su prueba teórica de oposición así como las de los demás concursantes, de manera de poder realizar impugnaciones en ejercicio del derecho de defensa; si se aseguró la publicidad de todo lo actuado durante el concurso en virtud del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno –publicación oficial de la inscripción de los concursantes, de los puntajes obtenidos en el examen teórico, horario y lugar de las entrevistas personales; si éstas han sido públicas, y si se ha asegurado la posibilidad de impugnar a los candidatos por falta de idoneidad moral, etc”, informó la agencia de noticias Infocivica.
El pedido hecho por carta al presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, surgió luego que la entidad recibiera denuncias de concursantes y de que se presentara en la Corte un pedido de nulidad presentado por 11 contadores. “Entre las denuncias queremos destacar la realizada sobre una candidata que habría ingresado en el orden de mérito sin contar con antecedentes y que, según los denunciantes, tiene alguna relación de parentesco con un funcionario de la Administración General del Poder Judicial”, señaló la ONG.
“Otro de los antecedentes que suma dudas al proceso de selección del concurso es el diálogo que surge de la cámara de seguridad revelado por un programa periodístico de donde se desprende presuntas influencias de miembros del Consejo Profesional de Ciencias Económicas para obstruir el acceso de algunos concursantes, o la existencia de irregularidades que se encuentran siendo investigadas en sede administrativa y penal”, agregó.
Como informó Diariojudicial.com el 17 de marzo pasado, la Corte estableció una Comisión Asesora para llevar a cabo el concurso integrada por el Director General Pericial, el Decano interino del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales y un representante de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.B.A.
Los requisitos fijados para presentarse en el concurso eran: tener título de contador público con diez años mínimo en el ejercicio; acreditar experiencia como perito –sea de oficio, de parte o consultor técnico; no poseer sanción en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ante el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal, ni ante los tribunales donde el postulante hubiera ejercido como perito.
El examen que se había fijado consistía en una prueba teórica sobre diversas cuestiones periciales contables en la cual se debía obtener 15 puntos sobre 25. También se había establecido en el llamado a concurso una prueba práctica escrita de casos periciales y por último una entrevista personal, a la que accedería quien logre al menos 30 puntos en la suma de las evaluaciones anteriores.
La ONG también quiere saber quiénes fueron los jueces del Máximo Tribunal designados para integrar la Comisión Asesora del Concurso; si con la anticipación debida se ha dado aviso al registro permanente de aspirantes a ingresar como funcionarios que debe llevar la Secretaría de Superintendencia Judicial de la Corte; y si se han determinado, al momento de llamar al concurso, los requisitos, antecedentes y pruebas que se tendrán en cuenta para optar a cada categoría de funciones.
“Los anuncios hechos por la Corte Suprema en cuanto a la implementación de mecanismos tendientes a transparentar su funcionamiento, nos crean la expectativa de ver concretadas las mejoras que hemos propuesto. El descreimiento generalizado en cuanto al funcionamiento de las instituciones, profundizado en este caso por las denuncias y reclamos efectuados en sede penal y administrativa, demandan una respuesta que devuelva la confianza a los ciudadanos. La sociedad necesita una señal de que estos cambios van a producirse en lo inmediato, y el más alto tribunal tiene la oportunidad de dar un gran paso hacia el fortalecimiento institucional”, sostuvo la coordinadora del Área de Justicia de Poder Ciudadano, Varina Suleiman.