Los 58 senadores presentes dieron su visto bueno al proyecto, el cual marca una voluntad política de rumbo inverso al de la década del ’90, ya que en vez de intentar trasladar el futuro de los trabajadores a manos privadas, se incentivará la incorporación de más personas al sistema público de reparto.
Durante el debate, la oposición acordó con el oficialismo introducir una modificación al proyecto con el fin de preservar el destino de los recursos del ANSES, el cual de implementarse satisfactoriamente la reforma tendrá una mayor cantidad de afiliados, y por lo tanto manejará un volumen mayor de dinero.
Algunos senadores opositores al gobierno, si bien consideraron válida la iniciativa, indicaron que el Ejecutivo debería impulsar la movilidad de las jubilaciones, ya que aún no se ha cumplido con lo establecido en el precedente “Badaro” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Representantes del gobierno afirmaron en el recinto que la cuestión de la movilidad fue zanjada con el aumento del 13% de las jubilaciones y las pensiones, por lo que debe reconocerse que el Poder Ejecutivo se ocupó de ese tema, respetando el llamado de atención realizado por la cabeza del Poder Judicial de la Nación.
De convertirse en ley la iniciativa del Poder Ejecutivo, se iniciará un período de 180 días para que todo aquel afiliado al sistema previsional de las AFJP puedan elegir traspasarse al sistema público de reparto.
Además todo aquel que ingrese a su primer empleo y no exprese voluntad respecto del sistema previsional a elegir, será afiliado al régimen de reparto, a la inversa de lo que sucede actualmente, ya que el que no decide es incluido en la AFJP que cobre menor comisión.
Con la reforma se limitará la comisión al 1%, eliminando la ambigüedad de la norma vigente en la actualidad. Las AFJP deberán disponer del 5% al 20% de lo depositado para ser invertido en fideicomisos o cualquier proyecto productivo.