Tras varios meses de inactividad procesal, en los que la causa estuvo parada, la Corte Suprema de México retomó esta semana el estudio de un caso polémico. Los once jueces del máximo tribunal deberán expedirse sobre la constitucionalidad de la ley militar que permitió que once militares fueran expulsados del Ejército por "inutilidad" después de que se les detectó el virus del SIDA.
Entre 2000 y 2005, la Secretaría de la Defensa mexicana dio de baja a 164 militares con SIDA, a los cuales se les quitó una pensión y atención médica con el argumento de que no cumplen con la antigüedad de 20 años que marca la ley militar para darles estas prestaciones. Once de los militares se presentaron a la Justicia, hace dos años, para exigir que se les brinden esas prestaciones.
El artículo 22 de la Ley militar establece que se dará de baja a los militares en caso de "quedar inutilizados en actos fuera de servicio" o causa de enfermedad que dure más de seis meses. La juez Olga Sánchez dijo que la ley "es contraria al principio de no discriminación o violatoria del derecho a la salud", estipulados en la Constitución mexicana.
El tema ha dividido a los magistrados de la Suprema Corte, quienes se reunieron este lunes. Luego de varias horas de discusiones, postergaron una definición sobre el tema. Los voceros del máximo tribunal argumentaron que la "ley no especifica qué se entiende por quedar inutilizado". Aunque aseguraron que el fallo se conocerá la próxima semana.
Según el diario "La Jornada", la juez Olga Sánchez Cordero presentó un proyecto de dictamen, para destrabar la discusión, que, si bien no prevé la reincorporación de los militares, establece que se les debe prestar atención médica y medicamentos.
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