De concretarse esta medida se le haría imposible al Estado descontar los pagos de junio aunque ya la secretaría de Hacienda hizo preparar las liquidaciones con los descuentos correspondientes, al igual que el aguinaldo proporcional que se pagará en los próximos días. Si bien, el gobierno apelará ante la Corte porque ya hizo reserva del "caso federal" hasta que no se resuelva ese recurso extraordinario o en queja -depende de la aceptación o no por parte de cada sala- no queda suspendida la medida cautelar y por lo tanto el descuento no podría ser aplicado.
La Sala I -Julio Vilela, Jorge del Valle Pupo y Francisco Repice- tiene a su consideración el fallo de la jueza Silvia Barrionuevo en favor de María Teresa Derudi, empleada del ANSeS; La Sala II -María Laura Rodríguez, Graciela Aída González y Jorge Bermúdez- se encuentran votando el fallo de Miguel Angel Pirolo favorable a los 15 gremios estatales, la mayoría de ellos enrolados en la CGT disidente de Hugo Moyano y la Sala V -José Emilio Morel y Roberto Lescano- resuelven sobre la sentencia de inconstitucionalidad de Enrique Arias Gisbert que favorece a ATE. Los tres tribunales centraron su debate sobre el dictamen del Procurador General del Trabajo (fiscal), Eduardo Oscar Alvarez que se manifestó contrario a la legalidad del recorte salarial, admitiendo los recursos de amparo por la presunta inconstitucionalidad de la mencionada norma administrativa.
El principal juicio, por la extensión que cubre en cuanto a representados es el presentado por la CGT que comprende a unos 140.000 trabajadores. Sin embargo la Procuración General del Tesoro a cargo de Ernesto Marcer que coordina la defensa del Estado en todos estos juicios cuestionó la legitimación de las organizaciones sindicales para representar judicialmente a los trabajadores que núclea. Ello en base a que no presentó en el juzgado, escritos de cada uno de los empleados públicos que dice representar autorizándolo a iniciar la demanda en su nombre. Es el mismo criterio que en el pasado usó el ex Procurador del Tesoro, Rodolfo Díaz para cuestionar la legitimación activa de Carlos "Chacho" Alvarez, quien en 1995 había impugnado judicialmente la privatización de Aerolíneas Argentinas.
Los gremios que se presentaron ante Pirolo y luego se defendieron en cámara son Asociación Bancaria, DGI, Previsión Social, Luz y Fuerzas, ATE (Medios de Comunicación del Estado), Caja de Asignaciones Familiares del Personal de la Industria, Viales, Aduana, Personal Civil de La Nación, Personal Civil de las Fuerzas Armadas y Ferroviarias. La defensa fue conjunta a cargo de los letrados de todos estas organizaciones gremiales y estuvo coordinada por el abogado decano de la CGT, Héctor Recalde. El segundo dictamen en importancia es el de Arias Gisbert que no aceptó aplicar una medida cautelar pero abrió el amparo y dispuso, luego, la inconstitucionalidad de la norma gubernamental.