Diariojudicial.com: ¿Qué va a pasar con la Ley 1.903?
Yo no voy a avanzar sobre facultades y decisiones de otro de los poderes del Estado, en este caso el Legislativo, que es el que aprobó y luego suspendió la Ley 1.903. Entiendo que hay consenso como para avanzar con la norma como está o con algunas pequeñas modificaciones. En su momento se argumentó que no entraba en vigor porque no estaba la designación de las nuevas cabezas. Por eso yo creo que en breve va a entrar en vigor. Lo que se está tratando de ajustar bien es el tema de no duplicar estructuras. La idea mía es que los recursos con que cuente el Ministerio Público sean básicamente destinados a prestaciones de servicio directas a la comunidad, al fortalecimiento de las áreas jurisdiccionales, y, básicamente a la creación de áreas que hoy no tiene, tanto en relaciones con la comunidad como de planificación, para ver cuáles son realmente los problemas que afectan a la Ciudad de Buenos Aires, y cuáles son las soluciones posibles.
Actualmente, no hay un centro de información que permita hacer este tipo de evaluaciones, entonces el Ministerio Público de la Ciudad tiene una fuerte debilidad institucional. La idea es que los recursos sean destinados a la planificación estratégica y a la prestación directa de servicios al ciudadano, esto es, mayores recursos para las fiscalías.
¿Cuáles son los puntos de la ley que todavía están en discusión y cuál es su postura sobre ellos?
Me da la impresión que hay una iniciativa de tratar de ser más explícitos en cuanto a que no se dupliquen algunas estructuras, porque esos mismos recursos, son recursos que en definitiva le estamos sacando a las fiscalías, que están sobrecargadas de trabajo en ambos fueros. La justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene un peso muy grande depositado en el Ministerio Público, tanto en materia Contravencional como en el fuero Contencioso Administrativo. Eso no se vislumbra, a veces, en la asignación de recursos y estructuras para hacer frente a esta situación. Sobre este eje supongo que el Poder Legislativo está discutiendo, buscando consenso entre todos los actores del sistema.
¿Qué va a pasar con los concursos que están en marcha?
El sistema constitucional marca que todas las asignaciones, en el Ministerio Publico y en el Poder Judicial de la Ciudad, son por concurso. Las mismas van a seguir siendo así y van a ser gestionadas por el Consejo de la Magistratura, que es el responsable de eso. Algunos conflictos se han planteado en términos de asignaciones provisorias, de subrogancias o de asignaciones interinas. Ahí es donde la ley otorgaría facultades directas al Fiscal General. Mi idea sería impulsar una reglamentación.
Entiendo que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, también está discutiendo un proyecto de ley sobre subrogancias. Por otro lado, vamos a tratar igualmente que los concursos sean mucho más ágiles.
Usted acaba de dejar el Consejo de la Magistratura. ¿Qué evaluación hace de su funcionamiento?
Yo creo que después de las sucesivas crisis que sufrió el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, creo que ya hace más de un año ha encarado un camino de buenas perspectivas. Todavía tienen que ser consolidadas las buenas iniciativas, pero creo que hubo una mayor apertura y una mayor transparencia en muchas cosas. Estimo que el giro más grande se hizo desde ese punto de vista, y creo que los resultados se van a ir viendo con el paso del tiempo. Esto de alguna forma también permitió que el Consejo de la Magistratura se empezara a ocupar de otros problemas. Entre otras cosas, se diseñó un plan de infraestructura, se empezó a ejecutar el presupuesto y se avanzó con la creación del área de política judicial, que es de alguna forma lo que yo quiero replicar en el Ministerio Publico. En fin, creo que hay un cambio positivo aunque todavía queda mucho por hacer: está pendiente un cambio hacia adentro del propio Consejo de la Magistratura. Esperemos que se avance en ese camino.
¿Cuál es su opinión del concepto de descentralización?
Yo creo que la pregunta es más grande. Si uno se atiene al concepto de descentralización en sí me parece que comete el error de tener una visión parcial. Yo creo que el Ministerio Público tiene jugar un rol importante de cara a la comunidad, y tiene que dar su propia estructura y su propia organización, de forma de cumplir de la manera más eficiente este rol. Hasta ahora eso no sucedía: el Ministerio Público era un reflejo del Poder Judicial, donde una fiscalía era la compañía de un juzgado. Se han hecho numerosos intentos de darle una solución a este tema. En general todos estos intentos han sido parciales. Lo que yo pretendo desde mi gestión, es tratar de elaborar realmente un plan a mediano plazo que adopte una visión integradora de este problema y que permita realmente adecuar las oficinas judiciales, las oficinas de las fiscalías, de acuerdo a esta mayor eficiencia. Y en esto hay un montón de herramientas, la descentralización es una de ellas, pero también hay otras que tienen que ver con la representación creativa, con el cambio de estructuras, con las fiscalías temáticas en algunas materias como puede ser la de espectáculos masivos o la de cuestiones ambientales. Lo que yo voy a tratar de hacer es no dar soluciones coyunturales ni soluciones parciales, sino tratar de construir entre todos los actores un modelo eficiente de Ministerio Público, un modelo al que la gente le tenga confianza, al que se pueda llamar o requerir su intervención. Por eso es tan importante la creación de estas áreas de Política Criminal y Planificación Estratégica, como la de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, porque son las que van a recolectar información y las que van a permitir hacer un diseño inteligente del Ministerio Público. A mi no me corre nadie, son siete años de gestión. Ya ha pasado la primer gestión de Mandalunis, que consistió básicamente en una consolidación institucional del Ministerio Público. Hay que terminar esa consolidación institucional y plantear el modelo de Ministerio Público que necesita la Ciudad de Buenos Aires. Una parte de ese modelo tiene que ver con la descentralización, pero la descentralización tiene que ser vista dentro de una solución o una propuesta integral de nueva organización.
¿Entonces le toca la etapa más linda?
Sí, es la más linda y la más difícil. Todo lo que yo estoy comentando es un cambio fuerte en el rol, en la mirada de estos problemas, y esto obviamente va a llevar a discusiones internas, va a llevar a planteos, va a llevar a tratar de discutir, con el mayor grado de consenso posible, cuál es este modelo. Y esta no es una discusión que involucra sólo a los fiscales o a los funcionarios, sino que en definitiva tiene que involucrar a toda la comunidad, a toda la Ciudad de Buenos Aires. Definir el modelo del Ministerio Público tiene que llamar a todos los actores que puedan hacer aportes. Y esto además es un tema clave a la hora de la transferencia. Nosotros aspiramos a que realmente la autonomía de la Ciudad se termine de consolidar. Nosotros aspiramos a que el Congreso de la Nación a la brevedad sancione la ley de transferencia de competencias, que eso sea una nueva punta del iceberg que permita la transferencia de todas las competencias. El Ministerio Público no sólo juega un rol importante en materia penal, sino que juega un rol muy importante en todas las restantes materias que hacen a la administración de justicia. En esta línea se le va a dar un fuerte rol al lugar que ocupa en la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, y a partir de ahí esperamos también tratar de avanzar en otras transferencias de competencias, como podría ser Familia, algunas cuestiones civiles, o la puesta en funcionamiento de la justicia vecinal, que también es una deuda que tenemos tanto la Nación como la Ciudad.
¿En qué va a cambiar puntualmente la tarea de los fiscales con el nuevo Código y con la transferencia de las competencias?
Ahí hay dos cosas. La primera cuestión es la que debo aclarar es que las fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires están con una carga de trabajo realmente significativa. Hay proyectos para ampliar su número, que esperemos que se sancione rápidamente, lo cual va a ser bastante decisivo a la hora de asumir estas competencias. Dejando de lado esa cuestión, yo creo que puede haber cambios bastante significativos. Hoy en estos trece delitos, cuando uno formula una denuncia en la Policía o en la Cámara del Crimen, va a la justicia correccional que está colapsada, como todos sabemos, hace muchísimos años por una sobrecarga de trabajo, que además también tiene un diseño institucional que tuvo que ser corregido, en términos de quién hace la parte instructoria y quién hace la parte de sentencias. Entonces yo creo que si estos delitos pasan a la Ciudad, pasan a un sistema mucho más ágil, con otro empuje, con otra dinámica de funcionamiento. La justicia de la Ciudad ya mostró una muy buena dinámica de trabajo con el tema de armas. Se ha mostrado una buena respuesta en términos de eficiencia, en términos de tiempo y en términos de calidad de respuesta, tanto en las audiencias tempranas como en las audiencias de juicio que se han hecho con las demás intervenciones de la Cámara Contravencional y de Faltas. Entonces yo creo que pasaría toda una masa de delitos a una justicia que tiene otro ritmo y otra dinámica de trabajo, que está esperando ansiosa además esas competencias y que permitirían un trato más directo y una respuesta bastante más rápida. La mayoría de los casos que están en el fuero Correccional, terminan siendo archivados. Lo que espero es que ahí sí haya un cambio sustancial.
Cuando su pliego se puso a consideración de la comunidad, el CELS le hizo una serie de preguntas. En una de sus repuestas usted dijo que el fiscal general no plantea políticas sobre temas como la venta ambulante o los cartoneros. ¿Es así?
En realidad ellos habían tomado toda una serie de esquemas en términos de instrucción en general y organización del Ministerio Publico del modelo de organización del Ministerio Publico de los Estados Unidos de Norteamérica y de Chile, en donde el Ministerio Publico está armado con una estructura súper jerárquica donde se definen políticas, y en definitiva los fiscales deben llevar adelante necesariamente las políticas que define el fiscal general. En realidad las preguntas estaban hechas desde esa lógica, entonces yo lo que les decía es “ojo, si ustedes quieren ir a cambiar el sistema constitucional de la Ciudad y avanzar en otros esquemas, discutámoslo, yo estoy interesado y lo podemos hacer juntos, pero no es ese el esquema que plantea hoy la Constitución”. De hecho en la Ciudad, incluso, más allá de que tiene el sistema acusatorio, también está un paso atrás de la Constitución Nacional, donde el Ministerio Publico es un órgano totalmente autónomo, o un órgano extra poder; y en la Ciudad de Buenos Aires no está tan claro eso y en muchas cosas seguimos dependiendo del Consejo de la Magistratura y la autonomía es bastante más acotada.
Las instrucciones generales que sí podría dar el Fiscal General, en realidad a lo que apuntan es a donde haya conflictos, criterios contradictorios, etc. Lo que el Fiscal General no puede es decir: “para mí la venta ambulante en tales características configura la contravención del artículo tal de código Contravencional”. Porque en realidad eso va a depender del caso concreto, que es donde yo no puedo bajo ningún concepto meterme, es la decisión del fiscal, y además va a depender del criterio en definitiva del funcionario, que ahí sí tiene reservada su independencia. El recibe el caso concreto; y analiza si es contravención o no es contravención. En Estados Unidos, el Fiscal General le puede decir al fiscal que avance o que deje y archive una actuación. Acá de ninguna manera yo podría hacer nada parecido a esto.
Detrás de las preguntas que planteó el CELS, creo que podría estar el temor legitimo de “judicializar” determinados conflictos sociales. Lo que yo entiendo es que en todos estos tipos de cuestiones las respuestas no están en la fiscalía y en el Ministerio Publico. Es decir, cuando hay conflictos sociales las respuestas son respuestas políticas, básicamente con diseño de políticas públicas, o en materia social, que den respuesta a la situación de muchas personas que se ven obligadas o se ven en la necesidad de determinada oferta de sexo, o de generar medios de vida que no son adecuados en términos de su propia salud y sus propios derechos. El Ministerio Público interviene cuando hay una violación a una norma, pero generalmente este tipo de conductas no implican violaciones de ninguna norma.