El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, y su par de Defensa, Nilda Garré, suscribieron este lunes un Convenio Marco de Cooperación de Asistencia Técnica para desarrollar políticas de transparencia en la gestión administrativa dentro del ámbito del Ministerio de Defensa. Luego, Iribarne dijo que el convenio “tiene el carácter de una acción preventiva, es decir, un sistema de cooperación entre los que tienen que desarrollar acciones de gestión y quienes deben manejar de manera adecuada todos los instrumentos jurídicos para evitar procedimientos incorrectos o hasta ilicitudes”. Las actividades previstas por el documento se ejecutarán a través de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, a cargo de Abel Fleitas Ortiz de Rozas. Ello es: brindar asistencia en la capacitación del personal interviniente en los procesos administrativos vinculados con contrataciones del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas; la elaboración de propuestas de modificación normativa vinculada a las condiciones de transparencia; y el perfeccionamiento de los mecanismos de control en la gestión administrativa.
La OMC ratificó un fallo a favor de Argentina
La Cancillería argentina informó que la Organización Mundial del Comercio (OMC) ratificó el fallo de noviembre de 2006 respecto de la controversia sobre los derechos antidumping que Estados Unidos aplica a las exportaciones argentinas de tubos sin costura para la industria petrolera (OCTG). Ese fallo los había declarado incompatibles con la normativa comercial multilateral. En su decisión, el Órgano de Apelación de la OMC ratificó que la determinación de los Estados Unidos de 2005 respecto de la probabilidad de dumping en las exportaciones de tubos OCTG provenientes de la Argentina es incompatible con el Acuerdo Antidumping. “La Argentina confía en que los Estados Unidos pondrán fin a dicha medida, claramente violatoria de sus obligaciones comerciales multilaterales y ratifica su intención de seguir trabajando conjuntamente con el resto de los Miembros de la OMC en la consolidación de un sistema de comercio multilateral, abierto y conforme a reglas”, sostuvo la Cancillería a través de un comunicado.
La Corte de Entre Ríos se declaró incompetente para investigar a uno de sus integrantes
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos se declaró incompetente para intervenir en un pedido de investigación contra uno de sus integrantes, e iniciar un eventual juicio político, por haber conducido un programa de radio en marzo pasado cuando se realizó la última elección a Gobernador lo que sería incompatible con su función. El STJ señaló que la facultad de sustanciar juicios políticos contra los jueces del Máximo Tribunal corresponde a la Cámara de Diputados donde se debe presentar la acusación. La denuncia fue hecha por un grupo de abogados de la provincia contra Emilio Castrillón por haber conducido un programa de radio el 18 de marzo, día que se hicieron las elecciones a Gobernador, donde festejó el triunfo del candidato oficialista, Sergio Urribarri, según noticias periodísticas. El STJ entendió que “el conocimiento, investigación y decisión de la cuestión resultan por completo extraños a las facultades y competencia de este Superior Tribunal” y agregó que “queda excluyentemente reservada a los órganos específicos habilitados por la Carta Magna para llevar adelante el Juicio Político, debiendo en su caso formularse la correspondiente acusación por cualquier persona ante la Honorable Cámara de Diputados de la provincia”.
Rizzo se ofreció de mediador por el tema de los meritorios
Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se ofreció como mediador en la disputa que actualmente existe entre la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura por el tema de los meritorios. Este ofrecimiento lo realizó el presidente del CPACF en el marco de la amistad que lo une con Julio Piumato, secretario general del gremio. Fue también por esa misma amistad que Rizzo deseaba que los empleados del Colegio sean representados por la UEJN y no por UTEDYC, como sucede actualmente. Vale recordar que UTEDYC está en conflicto desde hace varios meses con las autoridades del CPACF, habiéndose realizado varias manifestaciones de protesta en la puerta del Colegio. Tanto el Consejo como la Corte se manifestaron a favor de la efecitivización de los meritorios pero achacaron las demoras en hacerlo al Gobierno Nacional por no haberles habilitado las partidas presupuestarias correspondientes.