El decreto 557/2005 del Poder Ejecutivo distribuyó los recursos afectados a las distintas jurisdicciones del Poder Judicial. El artículo tercero establecía la transferencia de la totalidad de los remanentes de recursos de afectación específica que estaban disponibles al 31 de diciembre de 2004, correspondientes a los excedentes acumulados de ejercicios anteriores, del Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema de Justicia “para ser utilizados conforme se establezca en las respectivas leyes anuales de presupuesto”.
Contra esa resolución el Consejo, en su anterior composición, presentó una acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo. En primera instancia el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Ernesto Marinell suspendió cautelarmente el decreto. Pero la Cámara del fuero revocó el fallo e hizo lugar al recurso extraordinario por lo que el tema estaba en la Corte Suprema.
Al mismo tiempo que se tramitaba la causa, el Consejo trabajaba con el Ministerio de Justicia de la Nación para llegar a un consenso sobre el alcance del decreto. Ahora la disposición del Consejo fue que el presidente del cuerpo, el abogado Pablo Mosca, inicie las acciones para desestimar la acción judicial.
Para el consejero abogado Santiago Montaña con esta resolución “el Consejo se puso de rodillas”. “No estoy de acuerdo con el desistimiento, el Consejo de la Magistratura debe recuperar sus competencias, por eso es que rechazo y repudio el desistimiento de la acción – completó Montaña -. No abono la sumisión frente a un igual como es la Corte”.
Por otra parte consideró que el Consejo debería “continuar con las tratativas hasta que logremos hacer el acta acuerdo que se había propuesto y así decidir un uso racional de los fondos”.
Los consejeros que se inclinaron por desestimar la acción fueron los jueces Luis María Cabral y Miguel Ángel Gálvez; los representantes del oficialismo Nicolás Fernández, Marcela Losardo, Diana Conti y el académico Mariano Candioti.
Por su parte, Montaña, el juez Luis María Bunge Campos y los legisladores de la UCR Ernesto Sanz y Federico Storani votaron por que el tema vuelva a ser tratado en la comisión y posteriormente que vuelva al plenario del Consejo. Esta postura fue acompañada por el presidente del Consejo, el abogado Pablo Mosca.
En un reportaje a Mosca publicado por Diariojudicial.com el 10 de abril pasado, el Presidente del Consejo había dicho: “Creo que el gran desafío que tenemos por delante es poder destrabar el conflicto que tenemos con el Poder Ejecutivo Nacional en el marco del decreto de necesidad y urgencia 557 del 2005 por el cual remanentes presupuestarios del año 2004 fueron transferidos a la Corte Suprema de Justicia. En el marco de entendimiento y de armonía que venimos desarrollando con la Corte y puntualmente con su Presidente (Ricardo Lorenzetti) hemos visto la necesidad de que esos fondos sean afectados de forma inmediata a nuestra estructura tecnológica, informática, edilicia y mobiliaria. Y hay también consenso dentro del Consejo de la Magistratura para destrabar este conflicto. Estamos en este momento en conversaciones directas con el ministro de Justicia (Alberto Iribarne), esperando una herramienta que nos permita descomprimir esa acción judicial y avanzar en lo que realmente hoy nos preocupa que es otorgarle infraestructura a todos los juzgados federales y nacionales del país”.