El juez laboral porteño Roberto Pompa prohibió al Poder Ejecutivo realizar quitas en los haberes de trabajadores nucleados en seis gremios que promovieron una acción de amparo contra el polémico decreto.
El otro fallo en contra de la medida del gobierno llegó desde Córdoba, donde el juez federal 2, Alejandro Sánchez Freytes, hizo lugar al amparo presentado por los empleados de la delegación local del PAMI en contra del recorte de salarios. Ambos fallos solicitan que se suspenda la aplicación del decreto hasta tanto se defina la cuestión de fondo; es decir, la constitucionalidad o no de la medida oficial.
Para ello, el gobierno -a través del Procurador General del Tesoro, Ernesto Marcer- interpondrá en las próximas horas a la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario para pedir que se expida sobre la cuestión definitiva.
Marcer participó esta mañana de la reunión de gabinete que encabezó De la Rúa en Casa de Gobierno, en la que explicó ante los funcionarios que "las decisiones de segunda instancia de la justicia fueron notificadas al gobierno cuando la liquidación de los salarios ya se habían hecho".
En tanto, los abogados Eduardo Barcesat y Carlos Díaz responsabilizaron hoy al presidente De la Rúa de los presuntos delitos de “desobediencia y violación de los deberes de funcionario público” y radicaron una demanda ante el juez federal Gabriel Cavallo.
En las seis carillas de su presentación, los denunciantes recordaron la existencia de "decisiones judiciales firmes y basadas en autoridad de cosa juzgada", por las que se dispuso "la suspensión del decreto 430/00 repugnado como nulo e inconstitucional".
También pidieron que esas resoluciones "fueron notificadas a las autoridades nacionales".
Tras la reunión de gabinete, el secretario de Cultura y Comunicación, Darío Lopérfido desestimó la denuncia presentada y repitió las palabras pronunciadas por el procurador del Tesoro durante la reunión de gabinete: "El gobierno actuó conforme a derecho".
Los nuevos fallos en contra del decreto conocidos hoy se suman a otros dictados semanas atrás por los jueces laborales Miguel Pirolo y Silvia Barrionuevo.
Otro magistrado laboral, Enrique Arias Gibert, se pronunció por la inconstitucionalidad del decreto 430/2000, mientras que el juez del fuero contencioso administrativo Jorge Fernández se opuso al pedido de medidas cautelares contra la norma presidencial publicada en el Boletín Oficial el 31 de mayo último.