El Registro Unico de Patovicas está cerca de comenzar a implementarse. El proyecto que propone su creación fue tratado la semana pasada en la Cámara de Senadores por un plenario de comisiones. En la reunión estuvieron presentes legisladores de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Trabajo y Previsión social, de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología y de Justicia y Asuntos Penales.
La presidenta de la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Sonia Escudero (Fpv/PJ-Salta) dijo allí que las nuevas reformas apuntan a la regulación de la actividad, y no a tomar una medida de seguridad.
Escudero explicó que se recibieron aportes de representantes del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Derechos Humanos; del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI); del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina; de la Cámara de Empresarios de Discotecas y Entretenimiento y de la Asociación Civil Martín Castellucci.
En cuanto a la formación que recibirán los patovicas, la senadora Hilda Duhalde (Frente Justicialista-Bs. As.) propuso incorporar de forma obligatoria el estudio de derechos y obligaciones de los jóvenes, lo cual, según dijo, se debería llevar a cabo a nivel municipal.
En la reunión estuvo presente un representante del Ministerio de Educación, quien sugirió que los patovicas tengan la mejor formación posible y que la norma que se refiera al nivel de estudio debe ser elástica, para que sea aplicable en el contexto de cada provincia.
También estuvo Omar Castellucci, padre del joven que murió tras ser agredido por patovicas en un boliche de Lanús, quien expresó su discrepancia con las modificaciones que le introdujo el Senado al proyecto original y se manifestó a favor de priorizar el carácter de seguridad del proyecto original. La senadora Escudero, no obstante, sostuvo que si al proyecto se lo encara desde la seguridad, el Parlamento no tiene competencia y terminaría siendo una ley marco a la que se invitaría a las provincias a adherir.
La reunión no terminó con la firma del dictamen, tal como pretendían algunos senadores. De hecho, se decidió que el proyecto continúe discutiéndose esta semana entre los asesores.
El proyecto, además de crear el Registro, determina los requisitos que deben cumplir los que vayan a desempeñarse como “controlador de admisión y permanencia” en boliches y espectáculos públicos y los dueños de los establecimientos. También, en el artículo 8, detalla quienes
no podrán actuar como patovicas. Entre otras cosas, ese artículo menciona a quienes tengan condenas por delitos de lesa humanidad; a quienes revistan como personal en actividad de fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia; o quienes tengan condenas por delitos cometidos en el desempeño de la actividad regulada por esta ley, o condenados con penas privativas de la libertad que superen los tres (3) años, en el país o en el extranjero.
Además, el artículo 10 aclara que el personal de control de admisión y permanencia tiene prohibidas una serie de actividades o comportamientos. Ellos son: obstaculizar el legítimo ejercicio de los derechos políticos, sociales y gremiales de los concurrentes; prestar el servicio con utilización de armas de cualquier tipo; dar a conocer a terceros información de la que tomen conocimiento por el ejercicio de la actividad, sobre sus clientes, personas o bienes relacionados con éstos; prestar servicios sin la respectiva habilitación expedida por la autoridad de aplicación; encontrarse alcoholizado o tomar bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo; y desarrollar las tareas bajo el efecto de sustancias alucinógenas o estupefacientes.
dju / dju
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