El dictamen de mayoría de la Comisión de Régimen Electoral y Poder Judicial establece un Consejo integrado por: el presidente del Superior Tribunal de Justicia, un juez o integrante del Ministerio Público, un abogado de la matrícula, el Fiscal de Estado y un profesor titular por concurso de una Facultad de Derecho perteneciente a una universidad pública estatal.
La integración actual es prácticamente la misma, la única diferencia es que el proyecto propone que el representante de la judicatura también pueda ser un miembro del Ministerio Público.
Si bien el Consejo ya existe en Corrientes en esta Convención se le dará status constitucional (al igual que a la Fiscalía de Estado, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Defensoría del Pueblo). Al Consejo también se le realizarán algunas modificaciones a su funcionamiento, además de la integración.
Entre ellas se cuenta, siempre según el dictamen de la mayoría, que la duración de sus integrantes será de dos años (actualmente es de uno) y se le agrega la facultad de disciplina sobre los magistrados que hoy está en manos de la Cámara de Diputados. La selección de los jueces a través de concursos públicos seguirá en manos del Consejo.
El proyecto señala que el Consejo podrá instruir un sumario contra un magistrado denunciado por mal desempeño. De encontrar motivos para acusarlo, el juez quedará suspendido en su cargo a la espera del juicio político. El jury estará a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que se creará en esta reforma constitucional.
El Jurado también enjuiciará a los integrantes del Ministerio Público. Para todos los casos tendrá un plazo de 120 días (desde que se inicio el debate) para llevar a cabo el proceso. Caso contrario el juicio se volverá abstracto y el juez retomará su función. El tribunal estaría integrado por el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, un abogado, un juez, un profesor universitario, dos diputados de distintos partidos y un senador; todos tendrán un mandato dos años.
Pero todavía no está dicha la última palabra, sobre todo en la conformación del Consejo de la Magistratura que genera diferencias entre los partidos de la convención.
La integración que se propone cuenta con el apoyo del sector radical del “Frente para Todos”, que responde al gobernador, Arturo Colombi, y que nuclea a otras fuerzas. Entre ellas el peronismo que se opone a una integración sin representantes del sector político. El PJ propone que el 50 por ciento de las bancas del Consejo sea para miembros del Poder Legislativo de la provincia.
Esta diferencia deja abierto un interrogante para saber qué va a pasar cuando el dictamen sea tratado en el plenario de la convención. El peronismo no va a aprobar el dictamen de mayoría por lo que en principio no estarían los votos para reformar el Consejo en esos términos. Sin embargo, no se descarta que otros convencionales opositores apoyen la iniciativa.