Por otra parte, pasado el plazo de 12 semanas del embarazo, el proyecto permite el aborto en tres casos: violación acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud; riesgo para la salud o la vida de la mujer; y si existieran malformaciones fetales graves.
En todos los casos la práctica del aborto estará garantizada por los “servicios de salud del sistema público”, establece el artículo 5 de la iniciativa.
“Toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”, propone el artículo 1 de la iniciativa presentada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, una red de más de 200 organizaciones civiles, que se formó luego del XIX Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Mendoza en 2004. El lema de la red es Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
La propuesta también señala que para los casos de menores de 14 años y de mujeres declaradas incapaces se requerirá la asistencia de un representantes, pero en ningún caso “las prácticas profesionales establecidas en la presente ley se efectivizarán sin ninguna autorización judicial previa”.
Además, la norma propone la derogación del inciso 2 del artículo 85 del Código Penal y de los artículos 86 y 88. Estas son las normas que fijan las penas para quienes causaren un aborto, para los médicos que lo realicen o para la mujer que se realizara su propio aborto.
Actualmente el Código establece dos casos en los cuales el aborto no es penado. Es cuando se busca “evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios” o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. En este último caso, “el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.
El proyecto de ley está fundamentado en cuatro pilares: la integralidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos; la despenalización y legalización del aborto es una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social; la ilegalidad del aborto es un problema de salud pública; y la necesidad de un estado laico.
En ese marco, las ONG señalan que según datos del Ministerio de salud de la Nación se estima que en el país se realizan 800.000 abortos por año. Además, el 37 por ciento de los embarazos terminan en aborto y de ellos, cerca del 15 por ciento corresponde a menores de 20 años. “El aborto inducido -en forma clandestina y en condiciones inseguras- es la causa de una de cada tres muertes maternas en nuestro país y de aproximadamente 80 mil hospitalizaciones por año”, señala la iniciativa.
“La legalización del aborto significa modificar leyes, pero sobre todo diseñar y ejecutar políticas públicas para que el aborto sea realizado en hospitales públicos y obras sociales de manera segura y gratuita para quienes no tienen otra cobertura de salud, como parte de las diversas prestaciones que deben asegurar el derecho a la salud integral de las mujeres”, opina la red.
Por otra parte las entidades señalaron que en 2005 la ONG internacional Human Rights Watch le presentó al gobierno argentino un informe donde señala que para que el país “cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos se requiere urgentemente una reforma que garantice el acceso de las mujeres al aborto legal y seguro y otorgue acceso a anticonceptivos e información adecuada”.