“Ha de ponderarse como atenuante de la responsabilidad del magistrado los severos problemas de infraestructura (tanto en materia de personal como de adecuado equipamiento) que ha venido sufriendo el Juzgado Federal de San Rafael”, dice la resolución que el Consejo aprobó en su último plenario del jueves de la semana pasada.
Acosta, quien investiga a la ex presidente María Estela Martínez de Perón por la desaparición de dos personas durante su gobierno, fue denunciado ante el Consejo por la Cámara Federal de Mendoza que le remitió una serie de causas donde el magistrado había sido apartado y sus actuaciones anuladas por vicios de procedimiento, morosidad, etc.
Por esas observaciones el Consejo ordenó una auditoria en la sala penal y civil del juzgado federal. Las inspecciones arrojaron como resultado el incumplimiento de los artículos, 490, 492 y 494 del Código de Procedimiento Penal en 11 causas; además de ocho expedientes traspapelados.
Si bien las denuncias fueron rechazadas por el Consejo para abrir un proceso de juicio político contra el juez, el organismo entendió que podían existir motivos para aplicarle una sanción y la causa pasó a la Comisión de Disciplina del organismo.
“De la abundante prueba producida durante el trámite de las presentes actuaciones, surge que las demoras que le son atribuidas al magistrado han ocurrido efectivamente y que ello ha sido incluso reconocido por el magistrado, con la explicación de tratarse de un involuntario error acaecido en el marco de la particular situación en que se desarrollo la actividad del juzgado a su cargo”.
El magistrado sostuvo que su juzgado tiene una amplia competencia (civil, laboral, contencioso administrativo, comercial, tributaria, penal y trámites de ciudadanía), no está informatizado, no tiene el personal suficiente (trabaja con la misma cantidad de empleados desde el 2000 y dos secretarios penales sufrieron problemas personales, uno falleció y el otro tuvo “un injusto procesamiento que lo afectó anímicamente), dos secretarías creadas por ley por el Congreso en el 2000 no fueron puestas en funcionamiento por problemas presupuestarios.
A eso agregó el juez que desde 1998 se dictaron en las tres secretarías 19.396 resoluciones, se libraron 45.000 oficios y se diligenciaron más de 62.000 cédulas.
El Consejo tuvo en cuenta esa situación para cambiar la sanción de una multa del 10 por ciento de su sueldo a una advertencia pero sostuvo que “tales excusas en modo alguno logran conmover la real trascendencia que el incumplimiento de sus deberes conllevo a la correcta administración de justicia”.
La advertencia fue aprobada por los consejeros Carlos Kunkel, Miguel Angel Gálvez, Luis María Cabral, Nicolás Fernández, Pablo Mosca, Federico Storani, Mariano Candioti, Diana Conti, Ernesto Sanz, Santiago Montaña, Luis María Bunge Campos, y María Laura Leguizamón.