El Senado dio media sanción a un proyecto de ley que define y penaliza la financiación de grupos terroristas. La iniciativa oficialista, que es reclamada por el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), organismo encargado de identificar y combatir operaciones ilegales, fue aprobada con 51 votos positivos y uno negativo, del socialista Rubén Giustiniani.
El proyecto dispone una serie de reformas al Código Penal para incorporar las figuras delictivas de “asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo”. Entre otras cosas, propone incorporar al CP el artículo 213 ter, que dice: “Se impondrá reclusi6n o prisi6n de cinco (5) a veinte (20) años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes características: a) estar orientado su plan de acción a la propagación del odio étnico, religioso o político; b) Estar organizadas en redes operativas internacionales; c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas; Para los fundadores o jefes de la asociación el mínimo de la pena será de DIEZ (10) años de reclusión o prisión”.
El artículo tres, en tanto, plantea sumar el artículo 213 quater para penalizar el financiamiento del terrorismo. “Será reprimido con reclusi6n o prisi6n de cinco (5) a quince (15) años, salvo que correspondiere una pena mayor por aplicaci6n de las reglas de los artículos 45 y 48, el que recolectare o proveyere bienes o dinero, por el medio que fuese, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar una asociación ilícita terrorista de las descriptas en el artículo 213 ter, o a un miembro de estas para la comisión de uno de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento”, reza la norma.
El proyecto ingresó al Congreso en diciembre del año pasado y fue incluido en el período de sesiones extraordinarias, que se desarrolló en febrero último, pero recién hace unos días empezó a ser analizado por las comisiones correspondientes. La iniciativa es reclamada -con urgencia- por el Gobierno, que se comprometió ante el GAFI a sancionarla antes de junio.
La GAFI advirtió que si no se sanciona esta iniciativa antes de la reunión que mantendrá en París el 23 de junio, la Argentina podría ser apercibida y todas sus operaciones financieras internacionales quedarían bajo sospecha.
Durante la sesión, el proyecto fue presentado por la presidenta de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Vilma Ibarra, quien defendió la importancia de crear una figura en particular para combatir el financiamiento del terrorismo. "Con este proyecto la Argentina va a dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, va a contar con herramientas para la investigación del financiamiento del terrorismo, y vamos a cumplir finalmente con las recomendaciones de la ONU y del GAFI", sintetizó la senadora porteña.
La titular de la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Sonia Escudero, aclaró que la financiación del terrorismo "no estaba alcanzado" por el Código Penal, por lo cual "con nuestra legislación no era suficiente para afrontar este delito".
Giustiniani se encargó de retomar los cuestionamientos al proyecto que hicieron el Centro de Estudios Legal y Técnico (CELS) y Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, en el sentido de que la figura creada por el proyecto es muy amplia y puede afectar a grupos piqueteros locales u organizaciones como Quebracho. El senador santafesino sostuvo que "es inconveniente la incorporación de este tipo penal" y deslizó que el GAFI pidió la aprobación de la iniciativa "a instancias del FMI".
dju / dju
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