Tras varios meses de discusiones internas, la Legislatura de Río Negro sancionó este jueves la ley orgánica del Ministerio Público provincial. La aprobación de la norma, que jerarquiza el rol de los fiscales y de los defensores oficiales, contó con el voto favorable de la mayoría, compuesta por legisladores radicales y del bloque Encuentro, aunque se expresaron en forma negativa los diputados del PJ y el ARI.
A partir de ahora, el Ministerio Público rionegrino estará integrado por el Procurador General, el Fiscal General, el Defensor General, los Fiscales de Cámara, los Secretarios de la Procuración y los Agentes Fiscales. También formarán parte de esa organización los defensores del Fuero Penal, los de Pobres y Ausentes, defensores de Menores e Incapaces; y los abogados adjuntos de las Fiscalías y Defensorías.
Según el artículo 3 de la ley, los integrantes del Ministerio Público “forman parte del Poder Judicial, gozan de los mismos derechos y garantías y se encuentran sujetos a las mismas obligaciones que los magistrados, gozan de inmunidad, inamovilidad e intangibilidad reconocida por la Constitución a los integrantes del Poder Judicial, con idénticos efectos en el orden patrimonial y previsional”.
La norma también determina las funciones de los órganos auxiliares del Ministerio Público Fiscal. Ellos son: las Oficinas de Atención a la Víctima del Delito, las Oficinas de Asistencia Técnica y la Policía de Investigaciones Judiciales.
El titular del bloque oficialista y vicegobernador electo, Bautista Mendioroz, sostuvo que "esta ley es una de las acciones que llevamos adelante desde esta Legislatura, para tratar de construir una sociedad más justa, más equilibrada y más segura". Además, explicó que "en lo sustantivo reorganiza a la Procuración General, la jerarquiza y aspira que gradualmente dotemos a los fiscales de recursos técnicos, con un sistema profesionalizado que atienda y contenga a las víctimas del delito".
La bancada justicialista, representada por el diputado Javier Iud, cuestionó al aumento del costo del funcionamiento judicial a partir de la institucionalización de nuevos organismos. Por su parte, la legisladora Magdalena Odarda, del ARI, dijo que "bajo el pretexto de ser fuerte y robusto (el Ministerio Público) funcionará como un órgano extra poder".
En tanto, el diputado radical Oscar Machado, quien defendió el proyecto, explicó que "el Ministerio Público es un órgano constitucional de fundamental importancia en la vida republicana, razón por la cual debemos ser sumamente cuidadosos al momento de perfilar su destino".
“Estos son tiempos de proteger aún más el Estado de Derecho, la división de poderes, la tutela judicial efectiva, los derechos y las garantías de los ciudadanos, el orden jurídico en su conjunto, pero todo ello sería un sueño si no existe un Poder Judicial verdaderamente imparcial e independiente que concretice la palabra de la Constitución en los hechos y el resto del orden jurídico en la realidad efectiva. El Ministerio Público, formalmente dentro del Poder Judicial, aún con total independencia funcional y administrativa, contribuye a darle fortaleza a la Justicia y al Estado”, agregó.
Río Negro ya cuenta con una Ley Orgánica del Ministerio PúblicoLa norma fue aprobada por la Legislatura local. El ARI y el PJ votaron en contra. La ley establece la organización y la composición interna del Ministerio Público. Además, determina las funciones de cada uno de sus integrantes, de los organismos auxiliares y el régimen disciplinario para los funcionarios que la integran. Tras varios meses de discusiones internas, la Legislatura de Río Negro sancionó este jueves la ley orgánica del Ministerio Público provincial. La aprobación de la norma, que jerarquiza el rol de los fiscales y de los defensores oficiales, contó con el voto favorable de la mayoría, compuesta por legisladores radicales y del bloque Encuentro, aunque se expresaron en forma negativa los diputados del PJ y el ARI.
A partir de ahora, el Ministerio Público rionegrino estará integrado por el Procurador General, el Fiscal General, el Defensor General, los Fiscales de Cámara, los Secretarios de la Procuración y los Agentes Fiscales. También formarán parte de esa organización los defensores del Fuero Penal, los de Pobres y Ausentes, defensores de Menores e Incapaces; y los abogados adjuntos de las Fiscalías y Defensorías.
Según el artículo 3 de la ley, los integrantes del Ministerio Público “forman parte del Poder Judicial, gozan de los mismos derechos y garantías y se encuentran sujetos a las mismas obligaciones que los magistrados, gozan de inmunidad, inamovilidad e intangibilidad reconocida por la Constitución a los integrantes del Poder Judicial, con idénticos efectos en el orden patrimonial y previsional”.
La norma también determina las funciones de los órganos auxiliares del Ministerio Público Fiscal. Ellos son: las Oficinas de Atención a la Víctima del Delito, las Oficinas de Asistencia Técnica y la Policía de Investigaciones Judiciales.
El titular del bloque oficialista y vicegobernador electo, Bautista Mendioroz, sostuvo que "esta ley es una de las acciones que llevamos adelante desde esta Legislatura, para tratar de construir una sociedad más justa, más equilibrada y más segura". Además, explicó que "en lo sustantivo reorganiza a la Procuración General, la jerarquiza y aspira que gradualmente dotemos a los fiscales de recursos técnicos, con un sistema profesionalizado que atienda y contenga a las víctimas del delito".
La bancada justicialista, representada por el diputado Javier Iud, cuestionó al aumento del costo del funcionamiento judicial a partir de la institucionalización de nuevos organismos. Por su parte, la legisladora Magdalena Odarda, del ARI, dijo que "bajo el pretexto de ser fuerte y robusto (el Ministerio Público) funcionará como un órgano extra poder".
En tanto, el diputado radical Oscar Machado, quien defendió el proyecto, explicó que "el Ministerio Público es un órgano constitucional de fundamental importancia en la vida republicana, razón por la cual debemos ser sumamente cuidadosos al momento de perfilar su destino".
“Estos son tiempos de proteger aún más el Estado de Derecho, la división de poderes, la tutela judicial efectiva, los derechos y las garantías de los ciudadanos, el orden jurídico en su conjunto, pero todo ello sería un sueño si no existe un Poder Judicial verdaderamente imparcial e independiente que concretice la palabra de la Constitución en los hechos y el resto del orden jurídico en la realidad efectiva. El Ministerio Público, formalmente dentro del Poder Judicial, aún con total independencia funcional y administrativa, contribuye a darle fortaleza a la Justicia y al Estado”, agregó.
dju / dju
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