Las denuncias las está investigación el juez federal subrogante N 2 de Tucumán, Mario Racedo. El magistrado ya allanó los domicilios de Mario Murillo y Myriam del Huerto Bulacio y secuestró los supuestos títulos falsos, sellos, escritos judiciales y poderes. Además, el juez cuenta con aportes documentales que realizó el Colegio de Abogados como denunciante.
Por el hecho, Murillo, el segundo denunciado, estuvo detenido 24 horas pero luego fue liberado por tratarse de un delito excarcelable. El imputado prestó declaración indagatoria la semana pasada ante el juez, que todavía no citó a Bulacio.
Fuentes de la investigación le confiaron a Diariojudicial.com que ambos casos no son aislados sino que existiría una organización externa a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán pero con algún nexo dentro de la institución que vende los títulos. De esa universidad eran las constancias que presentaron los supuestos abogados.
En algún momento se especuló con que los títulos serían comprados pero no falsos. Esa hipótesis fue descartada por los investigadores que confirmaron que los instrumentos son a simple vista apócrifos aunque todavía resta que el juzgado reciba los resultados de las pericias.
Los dos hechos se conocieron y fueron denunciados en menos de un mes. “Consideramos que son casos aislados. No obstante, estamos haciendo un entrecruzamiento de datos para saber si existe alguna otra situación similar. Pero yo creería que no”, le dijo a este medio el presidente del Colegio de Abogados, Antonio Bustamante.
Según le informó la Universidad al Colegio de Abogado, Bulacio se inscribió en la carrera en 1994 y sólo aprobó dos materias de las tres que cursó y no se le expidió el título de abogada mientras que Murillo nunca fue alumno regular de la institución.
El Colegio se enteró de cada caso de manera distinta. La supuesta situación anómala de Bulacio fue advertida por un colega mientras que el descubrimiento de Murillo se produjo por un análisis interno del Colegio donde se tuvo una duda sobre esa persona. Ambos estaban matriculados desde hace menos de tres años. Bulacio desde noviembre de 2004 y Murillo desde el mismo mes de 2005.
La primera denuncia, la de Bulacio, se desdobló en la Justicia federal y en la provincial. En el primer fuero se presentó la falsificación de instrumento público y en el provincial el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Esta última, recayó en el fiscal de Instrucción de la V Nominación, Alejandro Noguera, que se declaró incompetente.
El fiscal sostuvo que no podía investigar el ejercicio ilegal de la profesión si primero no se determina si existió falsificación del título. El viernes pasado un juez provincial le dio la razón y toda la causa pasó a la Justicia federal que también receptó la nueva denuncia.