Luego de la primera asamblea realizada por el espacio Intercuencas RRR y representantes de más de 120 organizaciones no gubernamentales, se decidió presentar una denuncia contra el presidente Néstor Kirchner por “incumplimiento de deberes de funcionario público”. La denuncia se debe a la falta de soluciones por la contaminación de las aguas en los ríos de La Plata, Reconquista y Riachuelo.
La denuncia se basará en que “no hacen nada para evitar la contaminación” y según confirmó Alfredo Alberti, de la Asociación de Vecinos de La Boca, se extenderá también al gobernador bonaerense Felipe Solá, al Jefe de Gobierno porteño Jorge Telerman, a la Secretaria de Ambiente de la Nación Romina Picolotti y a todos los intendentes de los distritos que rodean los ríos en cuestión (Río La Plata, Reconquista y Riachuelo).
Los ambientalistas se ampararán en el artículo 41 de la Constitución que consagra que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano” y que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica”.
El escrito de la denuncia está siendo redactado por los impulsores de la medida, que prevén presentarlo el próximo 4 de julio en la nueva audiencia pública convocada por la Corte Suprema en el marco de la causa "Mendoza Beatriz c/Estado Nacional”, donde se analiza la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo.
“La idea es entregarlo ese día, pero no sabemos si vamos a llegar a juntar las firmas de todas las ONG que lo suscribirán, ya que son más de 120 y además hemos recibido muchas adhesiones de asambleístas del interior”, comentó Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, en diálogo con
Diario Judicial.com.
Junto con la denuncia, el Espacio Intercuencas RRR reclamará por la falta de implementación de la ley que creó la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, que debería presidir Romina Picolotti pero que seis meses después de su creación por ley (aprobada y promulgada en menos de 30 días) aún no se puso en funcionamiento.
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