El plenario del Consejo ratificó en su plenario de este jueves un dictamen de la Comisión de Administración y Financiera para que la Comisión Asesora de Firma Digital, comience a buscar la tecnología más adecuada para su implementación.
Este sistema digital permitirá grandes avances en la agilización de trámites y el ahorro de recursos y espacios. El papel desaparecería, las gestiones administrativas y judiciales se podrán hacer desde una computadora, y los trámites no requerirán el traslado de expedientes de una dependencia a otra ni tampoco la presentación de cualquier escrito en la mesa de entradas de un juzgado.
Una vez que se desarrolle la tecnología, lo cual se prevé que se hará en el término de dos meses, se entrará en la segunda etapa que es la implementación de la firma digital. Primero habrá una experiencia piloto, que se hará internamente en el Consejo para probar el sistema y detectar posibles falencias y errores a corregir. Luego se aplicará en otros organismos internos del Poder Judicial y por último llegará a los abogados, al final del desarrollo.
Cuando esté desarrollada la firma digital se aplicará primero en la Oficina de Notificaciones. Se estipula que más de la mitad del papel de las actuaciones judiciales se utiliza en traslados y notificaciones. Otra dependencia a la que se le dará prioridad es al Archivo General. Se podrán digitalizar sus más de 8 millones de expedientes y todo ese papel quedará en condiciones de ser destruido.
La firma digital no es la versión electrónica de la firma manuscrita. Se trata de un conjunto de números que configuran una clave única y personal que se aplica en un documento. En la Argentina está regida por la ley 25.506 de noviembre de 2001 que le otorga validez jurídica a la firma digital.
Este sistema le da autenticidad y confidencialidad al documento que junto a la integridad y la inalterabilidad son los requisitos esenciales para un buen funcionamiento de la firma digital.
Desde principios de mes la firma digital se aplica para el dictado de sentencias en los dos juzgados de Ejecución Fiscal de la ciudad de Córdoba. Allí se permitirá la rubrica inmediata de, por ejemplo, lotes de sentencias ejecutivas fiscales que llevaría varias horas hacerlo de manera manuscrita.
La aplicación de la firma digital fue aprobada por el Consejo en 2001 pero nunca, hasta el momento, se había avanzado en su desarrollo.