Según una información originada en el diario La Voz del Interior, los hermanos de Flamarique deberán sentarse en el banquillo de los acusados en menos de dos meses, cuando comience el juicio oral y público que sustanciará el tribunal oral 2 de la Justicia federal de la ciudad de Mendoza.
La investigación del caso fue realizada por el ahora cuestionado juez federal Luis Leiva y en medios tribunalicios se interpreta como un respaldo para su posición si este juicio llega a puerto con una condena a los hermanos del ministro.
El Banco Multicrédito era una tradicional empresa familiar de los Flamarique, que comenzó como financiera y después se transformó en banco hasta su caída.
Los hermanos Flamarique, junto al resto de los miembros del directorio que comandaba el Banco Multicrédito, decidieron a mediados de marzo de 1995 la autoliquidación judicial de la entidad después de que fracasaran los intentos de absorción por parte del también después fracasado Banco Buci.
De los 2.700 ahorristas que tenía la cartera comercial del Multicrédito, más de 600 todavía no logran recobrar sus depósitos.
La denuncia ante la Justicia federal contra los hermanos Flamarique fue realizada por el mismo Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la causa lleva el número 38.875-A.
Fuentes judiciales aseguraron que en pocos días se conocerá la fecha de juicio, que comenzaría en agosto próximo.
El 11 de agosto de 1995 el juez Leiva dictó la orden de captura de los hermanos de Flamarique y los integrantes del directorio.
Varios de ellos fueron detenidos ese mismo día, pero los Flamarique permanecieron prófugos hasta el 8 de julio de 1996, cuando Leandro cayó en un operativo de la Policía Federal en su casa de Chacras de Coria, después de que un vecino avisara que lo había visto en el lugar. Desde ese día, permaneció preso durante nueve meses en la Penitenciaría de Mendoza.
Víctor, en cambio, se presentó espontáneamente ante Leiva el 8 de octubre de de 1996, meses después de la detención de su hermano.
El magistrado también lo envió a la Penitenciaría, donde recuperó la libertad en diciembre de ese mismo año.
Ahora, después de una prolongada investigación, la Justicia ventilará en juicio oral y público un resonante caso que involucra no sólo a vínculos cercanos al poder sino también importantes intereses económicos.