20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024

Fiscales fijos, ¿corrupción del sistema?

A diferencia de la postura del Procurador General, la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez se mostró en desacuerdo con la asignación fija de fiscales en los Tribunales de Juicio. Por ello pidió un cambio al respecto sosteniendo que “es una de las principales corruptelas que tiene al día de hoy nuestro sistema”. Sin embargo, la comisión que está creando un proyecto de reforma del Ministerio Público, sólo está trabajando en la idea de que el fiscal que tome un caso en la etapa de instrucción sea el mismo que actúe en el debate oral.

 
En una exposición sobre la defensa oficial ante distintos organismos internacionales, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, criticó con dureza el sistema de asignación fija de fiscales a los Tribunales Orales avalado por el Procurador General Esteban Righi. Aseguró que “es una de las principales corruptelas que tiene al día de hoy nuestro sistema”.

Por ello, la magistrada solicitó una reforma en ese sentido y dijo que “sería mucho más sano un sistema donde todos los integrantes de los juicios orales fuesen móviles”. Pero por ahora, desde la comisión de reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal solo se está trabajando en la idea de una independización de las fiscalías que permita que el mismo fiscal que se hace cargo de un caso en la etapa de instrucción actúe en el debate oral.

Más allá de esa crítica puntual, Stella Maris Martínez reconoció que de aprobarse las demás modificaciones que prevé el proyecto de reforma de Código Procesal de la Nación en el que se está trabajando en el Ministerio de Justicia, los fiscales asumirán un “rol importantísimo”, porque “van a recuperar finalmente su razón de ser, de acusadores públicos y van a ser los que lleven el peso fundamental de la acusación”.

En ese sentido, la Defensora General destacó como uno de los puntos más importantes la incorporación del principio de oportunidad para que lleguen a juicio las causas que realmente lo requieran. Asimismo advirtió que “los cambios de procedimientos no son sólo el cambio de la letra en la ley, implican un importante esfuerzo económico y dotar de recursos humanos y materiales a todos los operadores de la justicia, por que si no el sistema va a fracasar”.

Sobre el funcionamiento del Código Procesal vigente, la dra. Martínez aseguró que “quedó evidentemente muy antiguo y a medio camino”, aunque admitió que “fue un avance sumamente importante para la defensa, ya que implicó el paso a un sistema más aproximado al acusatorio e implementó el juicio oral”.

Según lo anunció el ministro de Justicia Alberto Iribarne la semana pasada, el proyecto de reforma del Código Procesal Penal Federal estará listo para agosto y de ser aprobado será enviado al Congreso para que sea tratado.

Profundizando en las críticas sobre los fiscales fijos, la dra. Martínez sugirió que los Tribunales deberían armarse 48 o 72hs antes. “Hay Tribunales que hace 14 años tienen la misma integración; y el supuesto debate ya no existe, porque ya todos saben lo que va a decir el colega y el debate es una farsa, nadie discute nada. A esto se le suma que tienen siempre el mismo Fiscal, al cual ya ni escuchan porque saben lo que va a decir”, remarcó la Defensora.

Respecto a las demoras en los procesos y a la cantidad de causas que llegan a juicio, la magistrada reclamó una instrucción más acotada. “Dividiría los delitos en un grupo A y en un grupo B. El grupo A, que es el 90 por ciento de todo lo que llega, de todo lo que se procesa en nuestros tribunales, no necesita ni 48 hs para ser llevado al debate oral, no necesita preparación. Lo que hace toda la preparación es destruir pruebas. Aquel testigo, que ya le tomamos cinco veces declaración, cuando llega al Tribunal, perdió toda la frescura, confundió sus recuerdos con las preguntas que se le hacen”, señaló.

Por otra parte, Stella Maris Martínez remarcó la necesidad de contar con un mayor número de Defensorías, particularmente en el ámbito de los Tribunales Orales Criminales de la Capital Federal, donde se atiende entre el 80 y 90 % del total de los casos que en ellos se tramitan.

dju / dju
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